Fraude de ley

Fraude de ley
29.03.2009 -
RAMÓN DURÁN CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO



A SÍ es. Fraude de ley a mi juicio se perpetra cuando un matrimonio de compatriotas homosexuales elude la prohibición de utilizar madres de alquiler en España para concebir un hijo y lo realiza en California, donde se permite, pero luego se presenta en nuestro Registro Civil con las criaturas habidas (dos) para su inscripción como hijos propios. Utilizan el subterfugio de legislaciones extranjeras e incompatibles con la española para imponer a posteriori las consecuencias de sus actos en el ordenamiento nacional. Vamos, de libro. Se han oído estos días distintas manifestaciones en contra de semejante definición, porque, dicen algunos, sería como aquél que conduce a 180 kilómetros por hora en Alemania si no está prohibido, aunque sea el coche español. Pero qué insólita y estúpida trivialidad, pues la metáfora serviría sólo si una vez conducido el auto a esas vertiginosas velocidades fuera, uno alberga la osadía de reclamarlo como derecho adquirido también en España. El ordenamiento jurídico se manifiesta en un conjunto de disposiciones aprobadas por órganos legislativos de origen democrático. Son reglas que nos sujetan a todos cuantos en ejercicio de nuestra ciudadanía y lealtad constitucional nos sometemos a sus dictados, nos gusten o no. Otras actitudes son casi golpistas, pues rompen la baraja de modo arrogante y autoritario. Si algunas prohibiciones del Derecho español no me placen, acudo al extranjero donde se permita, por cierto gracias a la inversión de grandes sumas de dinero de que dispongo, y después exijo que las consecuencias de mis actos queden legitimadas. Eso es inaceptable desde un punto de vista jurídico e injusto en grado superlativo, porque permite distinguir ciudadanos de primera y de segunda, con arreglo a los fondos económicos de que dispongan. Distintas normas según seas pobre o rico. Ninguna sociedad civilizada puede permitir semejante conducta innoble y censurable. Nadie puede pretender que, tras contraer matrimonio polígamo en algún país árabe, luego exija en España que se le reconozcan efectos, porque supondría ofender al principio de justicia e igualdad. Para todos o para ninguno. En el supuesto que ha sucedido, se trataba de dos homosexuales casados. Luego podían adoptar. A mí no me satisface nada semejante hipótesis, que acepto por lealtad democrática. Pero ellos permanecen por encima de los requerimientos legales comunes. Acuden a California para mediante precio conseguir que una mujer les conciba descendencia y luego entregue a las criatura nacidas. Acto seguido se presentan en España exigiendo que se les reconozca como propias, lo que resulta por completo imposible para el común de los compatriotas, y de paso con la naturaleza. Es decir, coaccionan con bebés para imponer a las autoridades nacionales los efectos de una conducta prohibida.
La legislación española sobre fecundación artificial es de las más recientes (año 2005) y avanzadas del mundo. Admite hipótesis que a mí me repugnan, como que la esterilidad humana se pruebe fecundando animales con esperma humano. Con todo, impide los llamados vientres de alquiler por evidentes motivos de dignidad humana y de la mujer, que no es una portadora de nada para otros, aunque sea de una criatura que luego entregará a quien le pague lo acordado.
Estas ideas son tan básicas que según muy autorizadas fuentes esa fue la primera decisión barajada por el órgano que disciplina los registros en España. El problema es que la actitud fraudulenta de los padres no puede afectar a los hijos, que resultan por completo inocentes de la conducta torticera que practican ellos. En virtud del principio del beneficio del menor se acepta el hecho para no producirles daño de ninguna especie. Me pregunto si así no se les causa, por entregarles a unos padres, que no lo son y sí en cambio manifiestan una conducta más que reprobable, en la que su afán de paternidad salta las barreras biológicas y legales, sin contentarse con el acceso a la adopción, que de paso hubiera sacado del aprieto a niños ya existentes y abandonados. Qué vergüenza. Nada mejor prueba de su fraude que recordar que los dos homosexuales que acuden a la legislación californiana nunca hubieran podido casarse allí, pues mediante dos consultas populares consecutivas los electores rechazaron semejante apuesta. Eso es democracia y lo que han perpetrado los protagonistas, trampa.

http://www.elcomerciodigital.com/gijon/prensa/20090329/opinionarticulos/fraude-20090329.html