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Los reparos de la Defensoría del Pueblo a la Emergencia Social

miércoles, 3 de febrero de 2010

2 Feb 2010 - 10:29 pm
Los reparos de la Defensoría del Pueblo a la Emergencia Social
Por: EL ESPECTADOR
En su carta al ministro de la Protección, Diego Palacio, el Defensor hace varias observaciones.


En una extensa misiva en la que evalúa la inconveniencia de varios de los decretos contenidos en la Emergencia Social dictada por el Gobierno, la Defensoría del Pueblo le pidió al Ministerio de la Protección reexaminar y reconsiderar estas medidas y, en su defecto, buscar mecanismos concertados con los actores del sistema para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social de los colombianos.
En primer término, la Defensoría del Pueblo observó que si bien es comprensible garantizar los recursos para el sistema de salud, es preocupante que los decretos afecten principios contenidos en convenios internacionales. Por ejemplo, el organismo cuestionó la posibilidad de que los usuarios del sistema tengan que acudir a la figura de las cesantías, afectando su capacidad de ahorro.
En opinión de la Defensoría del Pueblo, una medida de tal naturaleza incide negativamente en las opciones de una familia para proveer soluciones de vivienda o educación, o incluso en el derecho de una vejez digna. Además, puede convertirse en una barrera de acceso al dilatar innecesariamente la atención oportuna de los usuarios, mientras espera que se surtan los trámites de obtención de sus ahorros o créditos.
De la misma manera, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, llamó la atención sobre aquellas medidas que limitan la libertad que tienen los médicos para decidir cuál es el tratamiento que más conviene a un paciente, supeditando sus decisiones a evidencias científicas o relaciones de costo-efectividad. Una restricción de tal tipo implica la pérdida de oportunidad del paciente para restablecer su salud y, en el peor de los casos, conlleva a diagnósticos tardíos.
La Defensoría del Pueblo consideró que las sanciones a los médicos tratantes restringen su marco de actuación y pueden desestimular la formación de los especialistas, puesto que los médicos generales serían quienes realicen actividades de baja y mediana complejidad. En particular, esta situación podría ser notoria en casos de pediatría, ginecoobstetricia o anestesiología.
En su carta al ministro de la Protección, Diego Palacio, considera importante obtener recursos a partir de los juegos de suerte y azar o el impuesto a los licores y el cigarrillo, pero en múltiples aspectos técnicos cree, en general, que es mejor reconsiderar estas medidas, porque son más notorias las afecciones a los afiliados y sus familias, así como a la misma provisión de recursos para el sistema de salud.

http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso185605-los-reparos-de-defensoria-del-pueblo-emergencia-social

Ante una reforma inicua

Ante una reforma inicua
José Alvear Sanin


La transformación del sistema de salud, plasmada en trece decretos dictados con base en un estado de emergencia dudosamente fundamentado, exige el rechazo de una sociedad que por efecto de esas normas retrocede a la época del peor leseferismo manchesteriano.
Por hoy quiero observar cinco aspectos:

1. Impuestos: el aumento de gravámenes sobre sustancias perjudiciales para la salud, como las bebidas alcohólicas y el tabaco, puede convenir en la medida en que el aumento de precios reduzca los consumos, lo que está por verse.

2. Ejercicio de la medicina: los decretos completan la proletarización de la profesión médica, iniciada con la ley 100. Ahora se convierte al médico en simple ejecutor, amenazado con multas aplastantes, de inexorables directrices e instrucciones cuyo único fin es el de reducir costos, eliminando la libertad de sus actos, lo que hace inútil la preparación científica. Sancionar a quien aplica su recto criterio con el propósito de curar al enfermo es algo inaudito, aun en las peores dictaduras comunistas.

3. Efectos prestacionales y pensionales: todo lo que exceda los estrechos límites de la medicina y la odontología de baja complejidad, tendrá que ser pagado por los usuarios. Estos podrán obtener préstamos “blandos” (supongo que con fiadores), o entregar ya sea sus cesantías, o bien su “ahorro pensional”, lo que nos conduce a amargas reflexiones.

¿Cómo hará para adquirir la vivienda de su familia quien tenga que entregar sus cesantías para pagar un tratamiento necesario para su vida?

Quien se vea obligado a entregar su ahorro pensional arrastrará una vejez miserable; y su cónyuge, eliminada así la sustitución pensional, deberá resignarse a la mayor penuria.

4. Supresión de la tutela: a propósito de ese viejo anhelo del doctor Palacio, recuerdo que hace cosa de cuatro años fui invitado a participar en un foro sobre salud pública. Allí el ministro de Protección Social arremetió contra la institución de la tutela, causante a su parecer de todos los males del sistema. Le pregunté si, en caso de que a su señora madre no se le autorizara un procedimiento vital, se negaría él a permitirle esa intervención ante la justicia. Fue notoria la indignación del señor ministro, quien amenazó con abandonar la sala y rehusó responder tan lógica pregunta.

5. Concepción de la ley y la sociedad: casi todas las prestaciones sociales y pensionales del país obedecían, directa o indirectamente, al ideal de un Estado social de derecho, inspirado en muy buena parte por la doctrina pontificia. Por eso quisiera saber cómo se compagina esta reforma de la salud con aquello de “amar al prójimo como a ti mismo”, dentro del catolicismo meramente electoral de un gobierno que, después de una piadosa peregrinación al santuario de Fátima, persiste además en su actuación abortista tan activa como solapada.

***

Desde luego en un país con candidatos presidenciales apenas de peso ligero, no es posible por la vía electoral la reversa de todos los exabruptos que pueden imponerse a un Congreso obsecuente y a una Corte Constitucional cooptada.



http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idedicion=1637&idcuerpo=1&dscuerpo=Sección A&idseccion=3&dsseccion=Opinión&idnoticia=139856&imagen=051021061050josealvearsanin.jpg&vl=1&r=opinion.php

Decretos deben derogarse: médicos

Decretos deben derogarse: médicos
Ángela Quintero Velandia - 0 Comentarios aquintero@larepublica.com.co
Publicado: 03.02.2010


Bogotá. La controversia generada por las declaraciones del ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en torno a un "acuerdo" con la Academia Nacional de Medicina, hizo reaccionar a sus directivos.

La Asociación rechazó de manera enfática dicha afirmación y reiteró su rechazo a los decretos de la Emergencia Social.

Tanto el ex presidente de la Academia, José Félix Patiño, como el actual, Gustavo Malagón, insistieron en la necesidad de derogar los decretos que tienen fuerza de ley, al considerar que aunque con la reglamentación se arreglan algunos errores, no servirán para subsanarlos completamente.

¿Cuál es la posición de la Academia Nacional de Medicina frente a los decretos de la Emergencia Social?
La posición de la Academia, como lo ha reiterado el presidente (Gustavo Malagón), sigue siendo la misma y es que no estamos de acuerdo con el paquete de decretos ley y que la única solución que se ve es que se deroguen.

¿Cuál fue el motivo de la reunión con el ministro de Protección, Diego Palacio?
Lo que se hizo fue atender un llamado del ministro para que estudiáramos dos decretos reglamentarios que están como proyectos en la página del Ministerio. La Academia se reunió con el ministro y miró los decretos, les añadió algunas cosas, les modificó otras y se las envió al ministro.

¿A qué conclusión se llegó al término de esta reunión?
Lo único que vimos fue como una buena disposición del ministro por corregir lo que evidentemente fue un error garrafal.

¿Cuáles son los aportes de la Academia a los decretos reglamentarios?
Primero que todo hay un decreto que tiene que ver con la autonomía intelectual del médico en la toma de decisiones, que es la esencia de la medicina y como el decreto ley dice que las guías llamadas estándares serán de obligatorio cumplimiento, la Academia propuso que fueran de obligatorio cumplimiento como punto de referencia para que el médico pueda tomar sus decisiones. Es un avance significativo para los galenos y el ministro lo acogió.

¿Qué se determinó con respecto a las sanciones?
Si hay lugar a ellas, serán responsabilidad del Tribunal de Ética Médica, que está compuesto por médicos.

¿El ministro acogió la iniciativa de que no se impongan sanciones económicas?
No, el ministro no la puede acoger porque ya está en el decreto ley. Él no puede modificar eso, sólo lo puede hacer con una ley, lo que sí acogió fue que esto fuera motivo de disposición de los tribunales de ética médica, que son los que deben juzgar si un profesional actuó en forma deficiente.

¿Cuál es el sentido de la comunicación que expedirá la Academia en las próximas horas?
Sin lugar a dudas va a decir que es equivocado el sentido que le dieron algunos medios, como si la Academia estuviera aceptando los decretos ley como si hubiera un convenio. No. La Academia no puede aceptar los decretos ley y ahí nos sostenemos y seguiremos insistiendo en buscar su derogación, pero lo que sí hacemos es contribuir con el Gobierno, como nos corresponde, en los decretos reglamentarios que en algo puedan suavizar la situación.

¿Habrá un nuevo acercamiento con el ministro de Protección?
No le veo objeto, pues que los decretos son inaceptables.

"Mientras subsista la ley la profesión médica está esclavizada"
El ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, José Félix Patiño, criticó los decretos expedidos bajo el amparo de la emergencia social y aseguro que "mientras subsista la ley la profesión médica está esclavizada, atada, amarrada y entonces no tendría sentido estudiar medicina sino hacer una carrera en el Sena de técnicos que pudieran aplicar las normas que se expidan. El galeno afirmó que estas medidas van en contra de la profesión porque privilegian a las EPS y no a los pacientes. "La profesión es para tener un juicio racional y buscar lo mejor para el paciente frente a una constante incertidumbre que el ser humano en su comportamiento biológico".



Gustavo Malagón, presidente de la Academia Nacional de Medicina se refiere al tema de la emergencia social
¿En el trabajo que se hizo con el Ministerio, en dónde quedan los usuarios?
Cuando nosotros estamos defendiendo la autonomía no estamos buscando un beneficio exclusivo para el médico sino que estamos propendiendo para que tenga la oportunidad en su ejercicio de prestar un mejor servicio para el usuario, para que le formule lo que necesita, sin estar frenado por una disposición legal por miedo a las sanciones.

¿En qué otro tema relacionado con los usuarios ha intervenido la Academia?
Nosotros intervinimos en la parte relacionada con el régimen subsidiado en lo que hace referencia a los esfuerzos económicos que debían hacer para pagar los mayores costos en atención de salud, pero quedó claro que esto iba dirigido solamente al contributivo que estuviera en capacidad de sufragar esos costos. La atención de urgencias se presta al paciente tenga o no dinero, así está establecido desde un comienzo y está sustentado en esos decretos leyes.

¿Cuál es el objetivo de la Academia con estas intervenciones?
Propendemos por igual por la calidad en la atención de los servicios de salud y buscamos como Academia que la atención se lleve a todos los colombianos. Buscamos además que el esquema de este sistema de salud se haga dentro de la satisfacción de los actores, no sólo con una mejor remuneración, no. Lo que se quiere es que tengan menos condicionantes para su ejercicio.

¿Qué le dice la Academia a las organizaciones que están pendientes de su pronunciamiento frente a la Emergencia Social?
El marco de referencia es el decreto ley y mientras no sea modificado por otro instrumento que tenga igual o mayor fuerza, estamos hablando de situaciones ad latere, que serían los decretos reglamentarios, que pueden ser fruto de la buena voluntad del ministro, pero que obviamente él entiende que con el decreto reglamentario no está derogando nada, sino que simplemente está aliviando un poco la situación del decreto marco.

¿Pedirán entonces la derogación de todos los decretos?
Ya lo hemos dicho desde la semana pasada. Después de una argumentación somera exponíamos que había aspectos que considerábamos lesivos, no sólo para el desarrollo del sistema de seguridad social y el manejo económico del mismo, sino para las profesiones de la salud en general. Entonces mal haríamos en estar de acuerdo con eso.

Pero la academia participa en la redacción de la reglamentación...
La posición de la Academia como órgano asesor del Gobierno de ninguna manera nos coarta para poder opinar en forma constructiva como se está haciendo, sin belicosidad, sin guerrear, sin entrar en argumentaciones de mal gusto, podemos continuar buscando que se cumplan unas normas dentro de un derecho natural que tiene la profesión médica , para protestar por lo que considera que es injusto tanto para los actores como para los usuarios.

¿Qué se puede hacer frente a estos decretos – leyes?
Pueden hacer todas las reglamentaciones que quieran. La esencia de esta legislación está contenida en los decretos – leyes marco, pero en ninguna forma la reglamentación está modificando el espíritu de esos decretos con fuerza de ley.

¿Esperarían que la Corte Constitucional los declare inexequibles?
No nos podemos adelantar a presagiar lo que pueda pasar. La última palabra la tiene el Gobierno en ese sentido y según lo que exprese, actuarán los demás órganos del poder público. Es posible que el Congreso ya esté interesado en este tema y que la Corte Constitucional haya entendido la trascendencia de estas disposiciones y esté pendiente de estudiarlas para hacer algún pronunciamiento.

¿Acudirán a alguna herramienta jurídica para lograr la derogatoria?
No. La Academia Nacional de Medicina maneja esta situación con extraordinaria prudencia y no estamos interesados en interponer recursos legales en este momento.


http://www.larepublica.com.co/archivos/ACTUALIDADECONOMICA/2010-02-03/decretos-deben-derogarse-medicos_92405.php

Nota

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Medellín, Antioquia, Colombia
Magister en Filosofía y Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diplomada en Seguridad y Defensa Nacional convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Docente Investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Directora del Grupo de Investigación Diké (Doctrina Social de la Iglesia). Miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética (GIEB). Miembro del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del Centro colombiano de Bioética (CECOLBE). Miembro de Redintercol. Ha sido asesora de campañas políticas, realizadora de programas radiales, así como autora de diversos artículos académicos y de opinión en las áreas de las Ciencias Políticas, la Bioética y el Bioderecho.

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