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Reacciones ante la fuerza

domingo, 7 de febrero de 2010

Vestigium
Reacciones ante la fuerza

Autor: Carlos Alberto Gomez Fajardo


Han sido muchas las reacciones y críticas ante de las recientes normas relacionadas con la “emergencia social” y con las medidas emitidas con el fin de superar la crisis financiera del sistema sanitario colombiano. Estamos, se dice, en una situación de crisis que -descrita por las mismas autoridades- ha conducido al país a un eventual colapso del sistema de salud. ¡Qué gran contraste! Ahora Colombia necesita una emergencia social y afronta el derrumbamiento financiero de su sistema sanitario: los propios artífices de éste hace pocos años se atrevían a manifestar ante la opinión pública que el sistema de salud de Colombia era uno de los mejores del mundo.
Se mencionaban comparaciones con otros países, haciendo referencia a informes de la OMS, con el objeto de ponderar las ventajas de la ley 100 de 1993: el lector puede recordar que Colombia -informe de la OMS, año 2000- ocupaba el primer puesto en algo que los expertos de entonces denominaban “distribución justa de la financiación de la salud entre los pobres”. En tal informe se ubicaba la salud de Colombia por encima de los Estados Unidos, Canadá, Suecia y Alemania. De tal tenor son las abstracciones de los economistas; tal vez ellos mismos las comprendan y las crean. Con sus razones, según la OMS, las situaciones de salud de Marruecos, Colombia, Omán y Chipre se encontraban por encima de las de muchos países industrializados….

Ahora se está colapsando este fabuloso sistema. En realidad, se cae un sistema financiero.

Poco se ha hablado de salud. Sí mucho, en exceso, de dinero, de intereses monetarios, de pujas colosales por fragmentos de poder que afectan a partes interesadas. Algunas voces sí se han manifestado sobre el hecho cierto de que el uso del poder público se ha convertido en herramienta para privilegiar intereses por medio de un maremágnum de normas, decretos, y reglamentaciones. A eso se ha reducido la “implementación” de la ley 100.

Ahora merece la pena destacar un par de párrafos de la comunicación expedida por la Academia Nacional de Medicina de Colombia, una voz autorizada y clara: los decretos de esta emergencia “representan un grave atentado contra la medicina como ciencia y profesión, atentado que nunca se había registrado en esta ni en ninguna otra nación democrática”. Además, se tocan dos puntos: “el mandato burocrático-administrativo de los entes intermediarios” y la “posición dominante de los intermediarios aseguradores…”

Esto es cierto: aquellas entidades, los intermediarios, actúan implacablemente como bancos y como captadores-controladores de los dineros del público. Ejercen un poder y control férreo; hasta llegarán a tener posibilidades de involucrarse en el conocimiento de la situación patrimonial de los afectados, con el fin de disponer de sus recursos para gastos sanitarios.

Desde la ley 100 de 1993 se ha hablado muy poco de salud. Casi siempre se ha hablado de dinero, de normatividad jurídica, de tutelas, de sentencias, de cosas de abogados y de financistas, de giros, de sentencias; en fin, de muchos miles de millones de pesos.

¡Que tan lejos estamos de la salud! ¡Qué tan distantes del entendimiento del bien de la salud como el “equilibrio de potencias”, de la “homeostasis” que permite a cada ser humano llevar a cabo efectivamente su proyecto existencial dentro de sus naturales potencialidades y limitaciones!

Estos son los resultados fatales para el país de haber cedido este tema a políticos, a funcionarios ambiciosos y a tecnócratas que han mirado cifras y balances y que han impuesto –con el peso de la ley- su visión particular, la ideología materialista y mercantilista, por encima del sentido humano de la medicina y de la obligación solidaria de la organización social democrática. Tristemente, es también resultado fatal de haber dado rienda suelta a algunos médicos que se sumergieron a fondo en ésa misma marea de explotación comercial y que traicionaron su vocación hipocrática de servicio.



http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=1&dscuerpo=Sección A&idseccion=3&dsseccion=Opinión&idnoticia=140174&imagen=&vl=1&r=buscador.php

Salud: ¡que se cumpla la Ley 1122!

Salud: ¡que se cumpla la Ley 1122!
Alfonso Monsalve Solórzano


El debate sobre la emergencia social continúa, por lo que quisiera retomarlo, aportando nuevos elementos.
Una causa importante de la crisis es que no se ha cumplido con la Ley 1122 cuyo ponente fue el doctor Jaime Restrepo Cuartas. En esa norma se definen los plazos para pagar a las IPS, muchas de ellas públicas, para que no quiebren, algo que, inexplicablemente el gobierno no cumple. También creó el Comité técnico-científico, cuya conformación quita a las EPS, que son negocios, el manejo del POS y lo convierte en un organismo mixto con representación académica y social, con visión de país, con criterio de solidaridad y rigor científico, lo que permitiría poner freno a los abusos de algunas de esas entidades; la ley hace obligatoria la salud preventiva, que protege previniendo, a la cual le sacan el cuerpo las empresas prestadoras del servicio, interesadas, por razones evidentes, en la enfermedad, teniendo al Fosyga como fondo sin fondo de dónde extraer recursos, etc.

La visión de la salud exclusivamente como un negocio, que tienen muchas EPS, la corrupción rampante en el manejo de los recursos para la salud, el manejo desbordado de nombramientos por parte de alcaldes y gobernadores, de personal en los hospitales, las tutelas pidiendo procedimientos que no tienen que ver con la salud del paciente sino con su estética (por supuesto, no me refiero a las tutelas que buscan que se garantice el legítimo derecho a la salud, que se le niega tramposamente a un paciente), etc; todo ello tiende a llevar al Fosyga a la quiebra.

Por eso, las cuatro primeras medidas deberían ser: a) poner en marcha todas las reformas al Sistema que implica la ley 1122, b) combatir la corrupción, c) poner un límite a la ambición de ganancia de las entidades prestadoras de salud) y d) limitar el uso indebido de recursos legales para tratamientos que no sean motivados por razones de salud.

Esto debe ir acompañado por una modelación económica que permita saber cuánto vale la igualación por arriba del POS para todos los colombianos, ya sean del régimen subsidiado y contributivo, si se hubiesen tomado en cuenta los ahorros que para el Sistema significaría llevar a la práctica las primeras cuatro medidas, y sobre ese cálculo, mirar el aumento del recaudo vía impuestos como los que se decretaron para las bebidas alcohólicas y juegos de azar, pero respetando el principio esencial impositivo de toda democracia que señala que no hay impuestos sin representación, es decir, que los impuestos deben ser aprobados por el Congreso y no por el Ejecutivo.

Ahora bien, en la polémica hay un punto que me alarma. Es la insistencia del gobierno en que los ‘ricos’ ‘puedan’ acceder al pago de los servicios de salud en un caso de ‘prestaciones excepcionales de salud’. Mi preocupación consiste en que el presidente Uribe definió como ricos a las personas de los estratos 5 y 6.

Allí hay un sofisma. Todo el mundo sabe que el concepto de estrato es inadecuado para medir los niveles de ingresos. Todo el mundo sabe que un ciudadano de estrato 5 es una persona que tiene un nivel de vida medio, que ha tenido que trabajar toda la vida, e invertir sus cesantías, para tener una casa o un apartamento en un barrio relativamente equipado de una ciudad, y un vehículo que ha comprado con mucho sacrificio y ahorro. Posiblemente ha educado a sus hijos, apretándose aun más el cinturón en alguna universidad privada, teniendo que endeudarse para ello. Una persona de este tipo no es rica, simplemente vive con un cierto nivel de dignidad. Si llega a enfermarse deberá vender su vivienda y sus haberes y endeudarse sin esperanza de poder pagar, lo que lo condena a la muerte o a la indigencia.

Y lo mismo se puede decir de un gran número de personas del estrato 6. Un buen número, me atrevo a decir que la mayoría, son ciudadanos que viven de un salario o de un negocio pequeño o mediano, que comparte esta clasificación con gente que posee negocios que valen miles de millones de pesos o son ejecutivos de grandes compañías con salarios y honorarios muy altos. Unos y otros no son comparables. En realidad, la escala debería ser estrato, 6, 7, etc., según el nivel real de ingresos. Lo que debe mirarse es las declaraciones de renta. No es justo, entonces, que el presidente Uribe compare la clase media con la alta y la iguale por encima.

Finalmente, la reacción de las sociedades científicas y academias médicas logró que el presidente desautorizara a su ministro respecto a la autonomía médica y a los compromisos éticos con sus pacientes. En realidad lo del ministro fue tan burdo y no planificado que obtuvo el efecto contrario. Nadie está en desacuerdo con guías que ‘parametricen’ servicios ni con la necesaria consulta de comités médicos para decidir sobre procedimientos en los que los diagnósticos difieren. Pero el supuesto de la buena fe y del mejor esfuerzo profesional con base en la presunción de que es idóneo para ejercer la profesión y su deber de defender el interés del paciente y no de la empresa, es la base sobre la que descansa la confianza que el paciente deposita en el galeno y en el sistema. Confianza que no puede ser traicionada por ninguna medida del Estado ni aceptada por un médico que ejerce su profesión con criterios de rectitud.



http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idedicion=1641&idcuerpo=1&dscuerpo=Sección A&idseccion=3&dsseccion=Opinión&idnoticia=140259&imagen=080708080744alfonso.jpg&vl=1&r=opinion.php

Nota

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Perfil

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Medellín, Antioquia, Colombia
Magister en Filosofía y Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diplomada en Seguridad y Defensa Nacional convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Docente Investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Directora del Grupo de Investigación Diké (Doctrina Social de la Iglesia). Miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética (GIEB). Miembro del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del Centro colombiano de Bioética (CECOLBE). Miembro de Redintercol. Ha sido asesora de campañas políticas, realizadora de programas radiales, así como autora de diversos artículos académicos y de opinión en las áreas de las Ciencias Políticas, la Bioética y el Bioderecho.

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