Vestigium
Reacciones ante la fuerza
Autor: Carlos Alberto Gomez Fajardo
Han sido muchas las reacciones y críticas ante de las recientes normas relacionadas con la “emergencia social” y con las medidas emitidas con el fin de superar la crisis financiera del sistema sanitario colombiano. Estamos, se dice, en una situación de crisis que -descrita por las mismas autoridades- ha conducido al país a un eventual colapso del sistema de salud. ¡Qué gran contraste! Ahora Colombia necesita una emergencia social y afronta el derrumbamiento financiero de su sistema sanitario: los propios artífices de éste hace pocos años se atrevían a manifestar ante la opinión pública que el sistema de salud de Colombia era uno de los mejores del mundo.
Se mencionaban comparaciones con otros países, haciendo referencia a informes de la OMS, con el objeto de ponderar las ventajas de la ley 100 de 1993: el lector puede recordar que Colombia -informe de la OMS, año 2000- ocupaba el primer puesto en algo que los expertos de entonces denominaban “distribución justa de la financiación de la salud entre los pobres”. En tal informe se ubicaba la salud de Colombia por encima de los Estados Unidos, Canadá, Suecia y Alemania. De tal tenor son las abstracciones de los economistas; tal vez ellos mismos las comprendan y las crean. Con sus razones, según la OMS, las situaciones de salud de Marruecos, Colombia, Omán y Chipre se encontraban por encima de las de muchos países industrializados….
Ahora se está colapsando este fabuloso sistema. En realidad, se cae un sistema financiero.
Poco se ha hablado de salud. Sí mucho, en exceso, de dinero, de intereses monetarios, de pujas colosales por fragmentos de poder que afectan a partes interesadas. Algunas voces sí se han manifestado sobre el hecho cierto de que el uso del poder público se ha convertido en herramienta para privilegiar intereses por medio de un maremágnum de normas, decretos, y reglamentaciones. A eso se ha reducido la “implementación” de la ley 100.
Ahora merece la pena destacar un par de párrafos de la comunicación expedida por la Academia Nacional de Medicina de Colombia, una voz autorizada y clara: los decretos de esta emergencia “representan un grave atentado contra la medicina como ciencia y profesión, atentado que nunca se había registrado en esta ni en ninguna otra nación democrática”. Además, se tocan dos puntos: “el mandato burocrático-administrativo de los entes intermediarios” y la “posición dominante de los intermediarios aseguradores…”
Esto es cierto: aquellas entidades, los intermediarios, actúan implacablemente como bancos y como captadores-controladores de los dineros del público. Ejercen un poder y control férreo; hasta llegarán a tener posibilidades de involucrarse en el conocimiento de la situación patrimonial de los afectados, con el fin de disponer de sus recursos para gastos sanitarios.
Desde la ley 100 de 1993 se ha hablado muy poco de salud. Casi siempre se ha hablado de dinero, de normatividad jurídica, de tutelas, de sentencias, de cosas de abogados y de financistas, de giros, de sentencias; en fin, de muchos miles de millones de pesos.
¡Que tan lejos estamos de la salud! ¡Qué tan distantes del entendimiento del bien de la salud como el “equilibrio de potencias”, de la “homeostasis” que permite a cada ser humano llevar a cabo efectivamente su proyecto existencial dentro de sus naturales potencialidades y limitaciones!
Estos son los resultados fatales para el país de haber cedido este tema a políticos, a funcionarios ambiciosos y a tecnócratas que han mirado cifras y balances y que han impuesto –con el peso de la ley- su visión particular, la ideología materialista y mercantilista, por encima del sentido humano de la medicina y de la obligación solidaria de la organización social democrática. Tristemente, es también resultado fatal de haber dado rienda suelta a algunos médicos que se sumergieron a fondo en ésa misma marea de explotación comercial y que traicionaron su vocación hipocrática de servicio.
http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=1&dscuerpo=Sección A&idseccion=3&dsseccion=Opinión&idnoticia=140174&imagen=&vl=1&r=buscador.php
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Reacciones ante la fuerza
domingo, 7 de febrero de 2010
Etiquetas:
BIODERECHO,
MEDICINA,
POLÍTICA
Publicado por
Beatriz Campillo
en
12:31