Una luz de esperanza

Una luz de esperanza
Ramón Córdoba Palacio, MD elpulso@elhospital.org.co

Casi trece años de soportar los constantes atropellos de las instituciones mercantilistas creadas por la malhadada Ley 100, empiezan a oírse importantes voces que las denuncian públicamente desde programas orientados por universidades, como la Javeriana, con la participación de reconocidas personalidades que han experimentado en carne propia el desprecio de los comerciantes de vidas humanas. Estas denuncias despiertan sentimientos de humana solidaridad, de vergüenza y, al mismo tiempo, lejana pero firme esperanza de que dichas personalidades alcancen lo que pese a las insistentes manifestaciones de unos pocos pasaba inadvertido para las autoridades encargadas legalmente de corregir las aberrantes, por no decir, criminales conductas de un buen número de las “tiendas de salud”.
Realmente es vergonzoso que en un Estado de Derecho se puedan cometer repetida e impunemente asaltos a la buena fe y a la vida e integridad de los ciudadanos, y se trate de mantener una Ley que convirtió a todos y cada uno de los colombianos en esclavos de unas cuantas instituciones mercantilistas que llenan sus arcas a costa de la vida y de la integridad de sus obligados afiliados y que, inclusive, se atreven a provocar tutelas porque así recuperan lo que era su obligación desembolsar en bien del “cliente”, tutelas que por el tiempo trascurrido en los trámites formales implican obviamente deterioro más o menos grave, a veces fatal, de la existencia del enfermo. Una Ley que permitió a dichas instituciones coartar el honesto actuar de los médicos frente a sus pacientes, señalando arbitrariamente el tiempo de consulta, el número de interconsultas y, además, crear incentivos para los esclavos -médicos que no causen muchas erogaciones, tales como procedimientos diagnósticos costosos, y cuyos tratamientos se acomoden a lo barato sin tener en cuenta la calidad ni en el proceso diagnóstico ni en la terapia.
Quienes ahora se manifiestan en contra, con sobrada razón, de esas anomalías, de esas burlas y vejámenes a la dignidad de la persona humana, tienen al menos la capacidad de hablar, de reclamar, pero cuántos con similares quejas no tuvieron canales de comunicación que les brindaran su apoyo, cuántos de esos atropellos quedan entre el paciente y el médico, cuántos reposan en los archivos de la Superintendencia de Salud, cuántos guardan con dolor en su memoria y en su corazón los familiares que vieron morir a sus seres queridos porque “no aparece en pantalla”, porque “su Sisbén no corresponde a este municipio”, “porque no hay cama disponible”, etc.
Pero en medio de todos estos incidentes nos encontramos con algo que sin dejar de ser monstruoso pasa a ser ridículo: una de las instituciones constitucionales creada para juzgar lo legítimo de los actos sometidos a su juicio, consideró aceptable que una EPS, demandada por negarse a suministrar los medicamentos indicados correctamente por el médico tratante a una enferma tenía razón, y en consecuencia falló en contra de la demandante, con el argumento de que ésta tenía patrimonio suficiente para cubrir los gastos y no podía exigirlos a la EPS. Esa es la seguridad que ofrece y proclama la Ley 100.
La explicación jurídica para justificar este fallo es que en Colombia la salud no es un derecho fundamental, sino cuando su quebranto pone en peligro la vida del paciente. Esto es un sofisma y una muestra de crasa ignorancia respecto de los valores de la existencia y de la salud. Ambas son valores pero aquélla, la existencia, es primordial porque se puede existir dignamente aunque no se goce de perfecta salud, pero no se puede tener salud si no se existe. Sin embargo, no deben separarse tan tajantemente, ya que cualquier procedimiento morboso puede poner en peligro la vida del paciente o su integridad, si no se atiende adecuadamente. ¿Quién sino el médico que reconoció al paciente e indicó el tratamiento está mejor capacitado para saber si necesita lo formulado? ¿Es posible que en el sistema de la inhumana Ley 100 personajes laboralmente vinculados con las entidades intermediarias y que no han examinado al paciente, que no han evaluado directamente sus condiciones clínico-patológicas, puedan decidir si el quebranto de salud que éste padece amenaza su existencia? El peligro de estos atropellos es mayor ahora que por determinaciones legales, que no éticas, esos personajes pueden ser no médicos.
Los mercaderes de vidas humanas se han apoderado de la atención en salud, de la justicia distributiva, y, por qué no decirlo, de los poderes legislativos que debían por su origen popular ser los defensores de ese pueblo que fijó su esperanza en ser reconocido y tratado como seres humanos con una dignidad estructural incondicional, no a merced de comerciantes, de capataces.
A esto se suma la muerte hace unos meses de un joven en Barranquilla por falta de atención diligente y oportuna, no por los médicos sino por negativa de las instituciones intermediarias, actitud escandalosa como tantas que no se publican pero que demuestran la inutilidad y engaño de la Ley 100. Uno de los entrevistados en este episodio doloroso y vergonzoso, un sacerdote camilo que se desempeña en una clínica de esa ciudad, afirmó que en Colombia mueren más personas por estos atropellos que por los ataques de la FARC.
Nota: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-.

http://www.periodicoelpulso.com/html/jul06/opinion/opinion.htm