El becerro de oro en el sector salud

El becerro de oro en el sector salud

Ramón Córdoba Palacio MD - elpulso@elhospital.org.co

Encontramos en la Biblia la narración de un episodio, el del becerro de oro (Ex. 32, 1 5), que describe con admirable similitud lo que pasa actualmente en el sistema de salud entre nosotros. Aarón, el encargado de defender la fe por ser de la clase sacerdotal, cede a la presión y él mismo fabrica el becerro de oro. La solicitud del becerro de oro y la fabricación del mismo están sutilmente plasmadas en la desacertada Ley 100 de 1993 que entregó a unas cuantas instituciones comerciales privadas la explotación económica de la existencia y de la salud de los ciudadanos colombianos, a quienes obligó a inscribirse “libremente” en una de esas instituciones comerciales, creadas, como todo negocio, con el único fin de engrosar lo más posible sus ingresos monetarios.

Y basta consultar sus balances para comprobar que el mercadeo con la vida y la salud de los seres humanos es altamente productivo. Y esos elevadísimos ingresos monetarios quedan en su inmensa mayoría en sus arcas y poco, por no decir nada, se revierte en beneficio del paciente -“cliente” en su vocabulario mercantil-, y primer esclavo, ni en la preparación y bien del médico, el otro esclavo en este sistema inspirado en un capitalismo económico salvaje.
Los Aarones, los encargados de defender la vida de los colombianos, contemplan casi con fruición el exuberante progreso económico de quienes por ley se encargaron de cumplir la obligación del Estado y les permitieron a los diferentes estamentos gubernamentales dejar de lado su obligación moral y constitucional. Y para tranquilizar la conciencia propia y la de la comunidad, proclaman a voz en cuello la curva en ascenso de la cobertura, sin escuchar las evidentes deficiencias del sistema -no se atiende a pacientes porque su nombre y carné no aparecen en pantalla y fallecen en las puertas del servicio, porque el Sisbén es de otro municipio, etc.-. En franca contradicción con las bondades que divulgan, aprueban el cierre de hospitales de gran prestigio, entre ellos los llamados hospitales universitarios, porque no son rentables, sin importarles que los futuros médicos no tendrán donde formarse ni académica ni éticamente, con perjuicio para la generación presente y las futuras.
Los oídos de estos Aarones padecen de sordera selectiva, como diría un distinguido colega, y sólo escuchan la catarata de dinero que llena las arcas de los mercaderes que disfrutan plenamente de esa ley que cambió la filosofía del quehacer del médico, de los hospitales y clínicas. Para el clamor de quienes reclaman justamente salarios atrasados varios meses, las quejas de los pacientes o de sus familiares que exigen investigación y justicia por lo que consideran muertes o menoscabo de la salud por atenciones negligentes o no oportunas -y que reposan en la ineficiente Superintendencia de Salud-, sólo tienen oídos sordos y las promesas no cumplidas de que se investigará hasta las últimas consecuencias; para la desolación de servicios hospitalarios vacíos por falta de los insumos necesarios para atender digna y correctamente la multitud de enfermos de las clases menos favorecidas económicamente, hospitales meritorios por su historial y sus aportes al verdadero bien de la comunidad, padecen también de ceguera selectiva: únicamente ven la curva ascendente y políticamente prometedora del Sisbén, sin observar la calidad del “cubrimiento”.
¡Cuándo despertaremos los colombianos en general y evaluaremos los perjuicios que ha ocasionado y ocasionará la Ley 100! Cuando se habla de ella se piensa que el problema es de los médicos. Ciertamente que ha dificultado y en forma grave el ejercicio honesto de la profesión, pero el mayor perjuicio es para los pacientes de hoy y para los del futuro. Los médicos podemos vernos limitados al máximo económicamente y ser considerados casi indigentes, pero nadie podrá despojarnos de nuestro patrimonio moral y académico y podremos seguir obrando el bien para y en los pacientes, si tenemos verdadera vocación. Pero si gracias a disposiciones de los comerciantes de la salud -refrendadas o aceptadas por las autoridades gubernamentales- la restricción a 15 o 20 minutos que exigen los intermediarios para la consulta, el diagnóstico del trastorno que padece el enfermo no es correcto, es éste, el enfermo, quien sufre las consecuencias; igual sucede si los auditores o gerentes no autorizan oportunamente las ayudas diagnósticas, las interconsultas, las medidas terapéuticas que el profesional médico considera honestamente necesarias. Y, ¿qué será de esa misma sociedad, cuando el cuidado de su existencia esté en manos de médicos inadecuadamente preparados por falta de sitios, hospitales universitarios, para su correcta formación académica y ética?
Insisto, el problema no es primordialmente de los médicos, como se pretende hacer creer por parte de los mismos que crearon tan nefanda Ley y por parte de quienes a su amparo ven crecer su patrimonio monetario; el problema es para todos y cada uno de los colombianos que tarde o temprano tendremos que acudir a una de esas “tiendas de la salud” y someternos a sus arbitrarios criterios en relación con nuestra existencia.
¿Qué han hecho y qué podemos exigirles a los legisladores elegidos con nuestros votos en defensa de todos y cada uno de los colombianos?
Nota: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-.

http://www.periodicoelpulso.com/html/dic04/opinion/opinion.htm