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Crisis en el área de la salud

viernes, 7 de mayo de 2010

Crisis en el área de la salud

Ramón Córdoba Palacio. M. D.

Nunca antes se había presentado un deterioro en el área de la salud de las magnitudes y de la gravedad de la que hoy por hoy presenciamos. Las dificultades económicas, la falta de recursos monetarios, siempre habían servido de excusa para encubrir deficiencias que, a veces, tienen otras causas, pero ahora se afirma que hay más recursos de dinero y, sin embargo, la situación en general empeora. No soy quien para hacer algún comentario en el aspecto económico y las personas competentes deberán darnos a conocer los resultados de sus investigaciones.
La crisis económica es grave, pero en el fondo del problema hay otro elemento sin duda más deletéreo y de peores consecuencias en el futuro, como es el cambio de objetivo que en mala hora introdujo la Ley 100 al quehacer del médico y a la finalidad primordial de los sitios de hospitalización públicos y privados. Con la creación por esta Ley de instituciones esencialmente mercantilistas y su ineludible intermediación entre el paciente y el médico, ya que todos los colombianos tenemos por fuerza de dicha ley que inscribirnos en alguna de ellas, el médico, los hospitales y clínicas tienen la necesidad primaria de producir réditos para aquéllas, sacrificando frecuentemente la calidad científica y, especialmente, la humana de la atención a quienes requieren sus servicios. Para no dejar escapar estas ganancias se exige atender un número de pacientes en tiempos límites, se establece control a solicitudes de exámenes paraclínicos, a formulaciones terapéuticas, al tiempo de hospitalización poniendo límites arbitrarios a la evolución del proceso de enfermar - o de recuperarse de cada persona -, cohibiendo el ejercicio de la medicina según el adecuado y honesto criterio del profesional. La finalidad de la actividad de cada uno de los médicos y de las entidades hospitalarias, ya no es, según esta ley y los decretos que la regulan, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los trastornos de salud del paciente sino el mayor número de afiliados atendidos y al menor costo posible, así la calidad del servicio se deteriore, pues lo importante es obtener ganancias en dinero. Y es lógico a la luz de la Ley 100, pues las instituciones creadas estructuralmente tienen esa finalidad: ganar dinero, aumentar sus ganancias económicas. Esta es la razón para que se contrate con las que más porcentaje de ganancias proporcionen al contratista. El aumento de cobertura es un valioso sofisma populista mantenido por la propaganda pero realmente lo que la Ley pretende es pedirle "peras al olmo", en el sentido de que entidades que fundamentalmente deben procurar la salud, den dinero y, las creadas esencialmente para conseguir dinero, den salud.
Más aún, y como forzosa consecuencia de las condiciones creadas en el sistema actual de atención médica, los hospitales y clínicas que antes ostentaban con orgullo y como timbre de la buena calidad de sus servicios el ser "Universitario" o "Universitaria", evitan lo más posible ofrecer sus instalaciones para fines docentes, pues, como lo afirma ASCOFAME en la publicación "Recurso humano en medicina: formación, distribución y bases para una propuesta política" (febrero de 2000), «[...] la Universidad se ha convertido en un socio incómodo para las instituciones de salud», pues no están seguras de que los intermediarios creados por la Ley 100 reconozcan costos alegando que se incrementaron por la docencia y se ponga así en peligro su propia supervivencia. La docencia ha pasado a un segundo lugar y muchos ilustres profesores, médicos de excelente calidad académica y humana, han visto menguada substancialmente su misión formativa. ¿Qué será de los futuros médicos, de su preparación ética, académica, humana, social, cuando el actual sistema de atención médica crea tales dificultades?
Crisis en la atención del paciente que requiere los servicios del médico y que éste en sana justicia debe cuidar de él honestamente - según su leal saber y entender - sin motivación diferente a la de ayudar a aquél de acuerdo con su estado clínico patológico, sin interferencia alguna que desvíe el resultado de sus esfuerzos a alguien o a algo que no sea el paciente mismo, o que deje siquiera la duda de que así sucederá, porque se rompe la necesaria confianza entre ambos, paciente y médico. Crisis tan grave como ésta, -o quizás mayor, en la formación integral de los futuros médicos, ya que las generaciones de profesionales con deficiencias en su preparación ética, científica y técnica-, acrecentarán los errores en la práctica médica con graves consecuencias para los seres humanos como individuos y para la sociedad como tal.
¿Por qué insistir en pedir "peras al olmo" si existen otros sistemas de seguridad social y de seguridad en la atención de salud que no privan al paciente de la libertad de elegir a su médico -no su EPS, etc.- y a éste de la libertad de obrar en conciencia, honrada, razonable y responsablemente, sin intermediarios que exijan rendimiento económico? Es un deber del Estado vigilar y fiscalizar los gastos en la atención médica y en la promoción de salud, pero su gestión no debe llegar hasta menguar la libertad del paciente y del médico y a alterar gravemente la formación de los profesionales del aérea de la salud.
Nota: Este articulo es una colaboración del Centro Colombiano de Bioética -CECOLBE-. Las opiniones en él expresadas son responsabilidad de su autor.

http://www.periodicoelpulso.com/html/dic02/opinion/opinion.htm

Nota

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Perfil

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Medellín, Antioquia, Colombia
Magister en Filosofía y Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diplomada en Seguridad y Defensa Nacional convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Docente Investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Directora del Grupo de Investigación Diké (Doctrina Social de la Iglesia). Miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética (GIEB). Miembro del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del Centro colombiano de Bioética (CECOLBE). Miembro de Redintercol. Ha sido asesora de campañas políticas, realizadora de programas radiales, así como autora de diversos artículos académicos y de opinión en las áreas de las Ciencias Políticas, la Bioética y el Bioderecho.

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