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Un grupo de expertos propone la creación de un banco de ADN sobre reclusos de alto riesgo de reincidencia

viernes, 14 de agosto de 2009

Un grupo de expertos propone la creación de un banco de ADN sobre reclusos de alto riesgo de reincidencia

EUROPA PRESS. BARCELONA

La comisión de expertos creada en Catalunya para disminuir la reincidencia de ex reclusos condenados por delitos graves, como violaciones y asesinatos, propuso hoy crear bases de ADN que puedan ser consultadas por todas las fuerzas de seguridad, y la denominada 'vigilancia de conducta', para controlar a los excarcelados que presenten un alto riesgo de reincidencia.

Durante la presentación de las conclusiones, el presidente del grupo de expertos y ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), José María Mena, explicó que es necesario que el Ejecutivo español obligue a esos presos a ceder muestras de ADN para poder identificarlos en un futuro en el caso de que cometan un nuevo delito.

Asimismo, exigió que los Mossos d'Esquadra puedan acceder a la base de ADN de que dispone la Guardia Civil y la Policía Nacional para poder identificar a los responsables de un crimen si ya ha sido condenado por otro delito.

La Policía autonómica, explicó Mena, aporta muestras de ADN de presuntos delincuentes para la ampliación de esa base, pero después no puede acceder directamente a la información, sino que debe solicitarla a las fuerzas de seguridad del Estado lo que, en su opinión, es "absurdo, antieconómico y ralentiza" las investigaciones.

Para el ex fiscal jefe del TSJC, es necesario modificar la Ley Orgánica de 2007 sobre bases de datos policiales de ADN porque no obliga a los condenados por delitos graves a entregar muestras de ADN, sino que establece que deben ser los reclusos quienes las ofrezcan de forma voluntaria. Sin embargo, la Policía sí toma las huellas dactilares a todos los procesados.

Por otra parte, Mena instó al Gobierno español a modificar el Código Penal para incluir la denominada 'vigilancia de conducta', un instrumento de control que permitiría reducir los índices de reincidencia de los violadores y los asesinos.

La 'vigilancia de conducta' debe durar entre tres y cinco años -tras el cumplimiento de la pena de privación de libertad- y estar incluida en la sentencia condenatoria, para que el juez responsable de la vigilancia penitenciaria pueda aplicarla en caso de un alto riesgo de reincidencia.

Castración química voluntaria

Por su parte, la consellera de Justicia, Montserrat Tura, explicó que también deberá ser voluntaria la mal denominada 'castración química', una supresión hormonal reversible que debe ser aplicada con el consentimiento del preso y como complemento a otras medidas, y "no como la solución mágica como algunos la han querido presentar".

Los expertos también apuestan por la información compartida entre los distintos actores, una mayor y mejor asistencia a las víctimas en toda Catalunya, el uso de instrumentos como las pulseras electrónicas, la 'libertad vigilada' --para que la puesta en libertad sea gradual-- y la autorregulación de los medios de comunicación para evitar situaciones de alarma social injustificadas.

La comisión, impulsada por Tura y la fiscal superior de Catalunya, Teresa Compte, se creó en julio después de que se excarcelaran al violador de la Vall d'Hebron y el segundo violador del Eixample de Barcelona, quienes ya habían cumplido sus respectivas condenas aunque presentaban un alto riesgo de reincidencia El objetivo del grupo de expertos es estudiar y proponer medidas para prevenir la reincidencia de los ex reclusos condenados por delitos graves con el objetivo final de rehabilitar y reinsertar a los presos, aunque no sea posible ofrecer "el riesgo cero", dada la imprevisibilidad de la conducta humana, recordó Mena.

http://www.abc.es/20080331/nacional-nacional/grupo-expertos-propone-banco_200803311658.html, marzo 31 de 2008

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Medellín, Antioquia, Colombia
Magister en Filosofía y Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diplomada en Seguridad y Defensa Nacional convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Docente Investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Directora del Grupo de Investigación Diké (Doctrina Social de la Iglesia). Miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética (GIEB). Miembro del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del Centro colombiano de Bioética (CECOLBE). Miembro de Redintercol. Ha sido asesora de campañas políticas, realizadora de programas radiales, así como autora de diversos artículos académicos y de opinión en las áreas de las Ciencias Políticas, la Bioética y el Bioderecho.

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