Derechos gay se abren paso en cuarteles
Un concepto del procurador Edgardo Maya que pretende valer los derechos de las parejas homosexuales le da continuidad a la lucha por la igualdad de esa población.
Adriana Tovar
Colprensa/LA PATRIA
Bogotá
"Yo jamás habría dicho que era homosexual para no prestar servicio militar", afirma Fito, un chileno a quien, en tiempos de la dictadura del general Augusto Pinochet, le resultó más conveniente ocultarse detrás de un camuflado que salir del closet y afrontar sin miedos la actitud inquisidora de la sociedad.
Su paso por las filas militares, en 1988, le dejaron huellas que no quiere recordar. "A mí me tocó ver muchos actos de homofobia", recuerda.
"Había un compañero muy afeminado que nunca asumió su condición delante de nadie: que era gay, sufrió horrores", sostiene este santiagueño de 37 años de edad, quien asegura que hoy en día las cosas funcionan de la misma manera como hace 19 años.
"El ejército chileno es absolutamente fascista y hay discriminación con todo lo que le es diferente", sostiene sin titubeos.
A los 18 años Fito no había descubierto su inclinación sexual y sólo era un espectador de sucesos atroces contra los homosexuales de la época, los cuales iban acompañados de palizas y largas jornadas de entrenamiento.
"He tratado de olvidar esas etapas de mi vida. Creo que perdí dos preciosos años. No aprendí nada. Me dedique a dormir de día y de noche en un edificio militar donde cuidaba a un oficial del Ejercito chileno, con un fusil en mano", consideró.
Hoy, Fito preferiría lo contrario. Por lo menos en Colombia su condición sería una ventaja, o quizá un derecho, frente a otros jóvenes que improvisan excusas para evadir su ‘deber con la Patria’.
Una nueva lucha
Por lo menos así lo consideró el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, quien el jueves pasado emitió un concepto dirigido a la Corte Constitucional donde solicita extender el beneficio que exime del servicio militar a las parejas heterosexuales, casadas; a los homosexuales que "hagan vida común, singular y con vocación de permanencia".
De esta manera el jefe del Ministerio Público intervino en el proceso adelantado por la ciudadana Mercedes Olaya Vargas, para quien algunos apartes de la Ley 48 de 1993 que reglamenta el "servicio de reclutamiento y movilización", violan los derechos a la igualdad y a la protección de la familia.
"Exceptuar de la prestación del servicio militar a los "casados que hacen vida conyugal", discrimina entre quienes tienen vínculo matrimonial y los que no lo tienen como es el caso de las parejas en unión marital de hecho y las parejas homosexuales", sostiene la demanda de Mercedes, y añade que afecta el tratamiento y la protección que deben tener la familia y las parejas con independencia del tipo de vínculo que mantengan.
Y es que para el Ministerio Público, es claro que "si ya se aplican los beneficios de la seguridad social a las parejas homosexuales, este mismo criterio debe extenderse al servicio militar obligatorio".
Marcela Sánchez, directora de la Corporación Colombia Diversa, considera que "el servicio militar obligatorio para los gays muchas veces no es una opción porque saben que se pueden convertir en víctimas de la discriminación".
En su criterio, cuando un homosexual es obligado a prestar el servicio militar "puede ser sometido a discriminaciones o malos tratos de sus compañeros, como una forma de demostrar hombría o masculinidad, que supuestamente, debe haber en las Fuerzas Militares".
Muestra de ello, agrega, son las destituciones que se conocen en los medios de comunicación y las cuales tratan de ser frenadas con tutelas.
Para la abogada Elizabeth Castillo "lo ideal es que una figura como el matrimonio no se convierta en un factor de exclusión, para cumplir deberes o para ejercer derechos que le corresponden a todos los ciudadanos".
"La reivindicación de derechos que se ha logrado a través de la renovación de las leyes, involucra el ejercicio de los deberes y el servicio militar es un deber que hay que cumplir", señaló Castillo al referirse a la condición homosexuales y su presencia en las fuerzas militares.
Al no existir una legalización del matrimonio para personas del mismo sexo en Colombia, sostuvo la jurista, "un joven no estaría forzado a salir del closet y decir que tiene un compañero para no prestar servicio militar". Además, manifestó que será sentencia de la Corte Constitucional la que determine la interpretación de la norma.
Reivindicación
El derecho a la igualdad es el centro de las discusiones homosexuales, quienes en los últimos años han logrado cambios históricos.
En 1993 José Moisés Mora Gómez, quien para la época era un estudiante de la Escuela de Carabineros "Eduardo Cuevas" de Villavicencio, interpuso una tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al expulsado de la institución por conductas homosexuales.
Ocho meses después, la Corte Constitucional indicó que "si bien la condición de homosexual puede representar un atentado significativo contra las instituciones como el Ejército y la Policía, también se encuentra en el ámbito de protección del derecho fundamental a la libertad".
Por lo tanto, determinó que las fuerzas armadas pueden exigir de sus miembros discreción y silencio en materia de sus preferencias sexuales, pero advierte que "el hecho de ser homosexual no es un motivo para la exclusión de las Fuerzas Militares".
En 1999, otra tutela logró reformar el reglamento disciplinario de las Fuerzas Militares, entre ellos los apartes que consideraban como faltas al honor militar el vivir en concubinato, el adulterio y mantener relaciones con homosexuales, entre otras.
En su momento, el alto tribunal señaló que no era razonable que se calificará de "antisociales" a los homosexuales o a las prostitutas, pues la prostitución y la homosexualidad son opciones sexuales válidas dentro de un Estado Social de Derecho".
Hay voluntad política, pero no gay
"Entre febrero del año pasado, hasta hoy se ha avanzado en el tema de salud para parejas del mismo sexo. Ahora es un tema que se discute públicamente. En la Superintendencia de Notariado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio del Interior y todas las entidades publicas que tienen que ver con el registro de las parejas han expedido circulares sobre los procedimientos y la obligatoriedad de cumplir con las sentencias de la Corte" puntualizó Marcela Sánchez, directora de la Corporación Colombia Diversa.
En junio del año 2006, la ONG Colombia Diversa, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos que reglamentan la unión marital de hecho. Un año después, el alto tribunal modificó parcialmente los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990 (Uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes) y se estableció que si uno de los miembros de la pareja gay muere, los bienes y el capital conseguidos por trabajo y ayuda mutuos, podrán ser heredados por su compañero permanente.
Sánchez, quien reconoce ser lesbiana desde hace más de 10 años sostuvo que "ha habido una voluntad política para hacer realidad las dos sentencias de la Corte Constitucional y la gente que vive en pareja ha visto sus derechos respaldados", pero agrega que aún falta más voluntad de las parejas homosexuales por hacer valer sus derechos, muchas veces por temor.
Fito Serrano, director de Radio Diversia, una emisora por internet dirigida a la comunidad gay advierte que allí se hacen "llamados todos los días para que los oyentes conozcan y pongan las decisiones de la Corte, como los derechos patrimoniales para ese segmento de la población, pero aún no demuestran estar interesados".
Todos estos pronunciamientos, las expectativas y los alcances reales de la propuesta de la Procuraduría, sólo podrán conocerse una vez la Corte Constitucional se pronuncie. En todo caso, es claro que el concepto emitido por Maya Villazón no tiene un carácter obligatorio, pero traerá consecuencias.
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