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Lo vano, lo banal y lo fatal

miércoles, 29 de julio de 2009

Lo vano, lo banal y lo fatal
Autor: Carlos Alberto Gomez Fajardo

Quienes se han querido someter voluntariamente a la ideología género con su dogma de los “derechos sexuales y reproductivos” han pretendido reducir algunos aspectos del comportamiento del ser humano a realidades parciales; han tratado de introducir en el léxico, como si ello fuera obvio e incuestionable, el propio concepto de “derechos sexuales”. Simultáneamente omiten la referencia a los “deberes” existentes en un ámbito tan complejo y fundamental del comportamiento de cada persona. Pretenden referirse al “disfrute” y a una sesgada visión del derecho y de la educación, como si la difusión propagandística e instrucción sobre el uso de métodos anticonceptivos, tuviera la consistencia de un programa “educativo”. Aquella clase de educación, en realidad, puede ser deseducadora y aniquiladora del proceso de formación del ser humano.
Las autoridades de salud locales y nacionales, ahora convertidas en agentes de la “salud sexual y reproductiva” bajo los delineamientos de las conferencias de El Cairo y Pekín, incurren en graves errores: se aproximan al tema de la sexualidad según unas miras de banalidad y al mismo tiempo de fatalidad. Vale la pena acudir al diccionario: banalidad: insustancialidad, trivialidad; lo banal hace referencia a lo trivial, a lo vulgar. De similar modo, lo vano describe lo “falto de realidad, sustancia o entidad; hueco vacío y falto de solidez”. Es banal y vano el enfoque que se pretende dar al tema de la sexualidad desde la óptica de las actuales autoridades sanitarias. Ello conduce a lo fatal, o sea, a lo aciago, lo nefasto, lo funesto; lo malo o pésimo, como también dice el diccionario. Hay banalidad en la opinión que reduce la sexualidad humana a su dimensión de genitalidad; la reducción de la sexualidad a unos burdos conceptos descriptivos de la genitalidad, es algo propio de una educación en minúscula, la que pueden brindar los “raperos” que reparten preservativos en los buses como lo impone el municipio de Medellín con su idea de “sexo a lo bien”, en el mismo tono del “proyecto sol y luna” de la anterior administración local. Estas estrategias comparten características comunes: tienen pretensión educativa, pero son somera instrucción, y son también –es menester mencionarlo- uso de recursos económicos municipales que podría ser cuestionado por quienes los aportan, los contribuyentes. El uso de dineros públicos para la propaganda de la ideología de género y de los “derechos sexuales y reproductivos” podría ser objeto al menos de reflexión por parte de algunos sectores de los contribuyentes: no parece lógico que el sesgo de la imposición oficial de una única manera de afrontamiento de una realidad suceda sin que alguien observe que hay funcionarios que convierten la estructura del poder en un organismo oficial al servicio de una ideología. La re-edición de los esfuerzos abortistas de antiguas corrientes ideológicas es notable. Cabe aquí señalar la similitud existente entre la sentencia C-355 de la Corte Constitucional (despenalización del aborto en tres circunstancias) y las medida abortistas y eugenésicas impuestas bajo el régimen de la república comunista en Barcelona en 1936, en época previa a la guerra civil. Entonces la “consellería de sanidad” ejercía funciones de policía para que aquellas normas -inspiradas en el “amor”- se cumplieran. El parecido con los mecanismos policivos ejercidos para detectar y sancionar a quienes no funcionaran bajo el régimen se repetiría pocos años después bajo otro totalitarismo, tan aniquilador de la dignidad de la persona como lo fue el comunista durante más décadas. No deben olvidar los lectores la reciente sanción que le aplicaron al Hospital san Ignacio de Bogotá por negarse a ejecutar un feticidio. Son similares los mecanismos de control que ejerce el Minprotección en igual sentido; tal vez pronto vengan sanciones a médicos e instituciones hospitalarias que se nieguen en conciencia a la ejecución de actos que no son “actos médicos”. Matar seres humanos no constituye una acción coherente con el ethos de la profesión médica ni con el sentido del respeto que inspira a la democracia. El propio ministro del ramo, vasectomizado, se presentó hace un par de años como ejemplo de conducta responsable. Es cuestionable tal concepto de la responsabilidad como también lo es antropológicamente el hecho de atentar voluntariamente contra la integridad de su propio organismo en aras de una hipertrófica autonomía. Puede ser responsable, y quizás en mayor grado de inteligencia y ejercicio de su dominio como ser humano digno, quien conserva sus capacidades físicas pues acude al uso de la razón y de la voluntad como norma de conducta. El dominio de sí exige un proceso de esfuerzo y formación constante muy diferente a las frágiles propuestas de verdad “light” en que se han empeñado las autoridades, ahora convertidas en agencias operativas de IPPF. La educación en la sexualidad es una tarea de la mayor envergadura; incluye la formación de la totalidad de la persona para la existencia, para el ejercicio profundo y personal del respeto y la justicia como patrón de conducta en la vida social y familiar. Este aspecto nunca –exceptuando la época de la postmodernidad relativista- ha sido degradado a cuestión de risa. De lo banal a lo fatal hay poca distancia, pues la caricatura de un proyecto disfrazado de educación conduce a la conducta irresponsable y fatal. Sucede también que así se van aniquilando los esfuerzos educativos de algunos padres de familia y contribuyentes al fisco que ven con preocupación cómo los recursos oficiales son destinados a la demolición de sus convicciones educativas en relación a sus propios seres queridos, de quienes son ellos directos responsables.

http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=1&dscuerpo=Sección%20A&idseccion=3&dsseccion=Opinión&idnoticia=122402&imagen=&vl=1&r=buscador.php&idedicion=1439

Nota

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Medellín, Antioquia, Colombia
Magister en Filosofía y Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diplomada en Seguridad y Defensa Nacional convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Docente Investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Directora del Grupo de Investigación Diké (Doctrina Social de la Iglesia). Miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética (GIEB). Miembro del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del Centro colombiano de Bioética (CECOLBE). Miembro de Redintercol. Ha sido asesora de campañas políticas, realizadora de programas radiales, así como autora de diversos artículos académicos y de opinión en las áreas de las Ciencias Políticas, la Bioética y el Bioderecho.

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