El PP dice que el suicidio asistido es "liquidar" gente con fondos públicos

El PP dice que el suicidio asistido es "liquidar" gente con fondos públicos

El cardenal Cañizares lamenta que se alienten leyes contra "el bien más preciado"
EMILIO DE BENITO - Madrid - 08/09/2008
"Liquidar al personal con cargo a la Seguridad Social". Así definió ayer el portavoz del PP, Esteban González Pons, la propuesta del ministro de Sanidad, Bernat Soria, de abrir "una reflexión" sobre el suicidio asistido. Pons lo declaró a la Cope, la emisora de los obispos. Más prudente, la secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, transmitió por medio del equipo de prensa de su partido que "nadie iba a decir nada hasta tener un papel".
Pons -ignorando parte de las declaraciones de Soria a EL PAÍS- destacó que, con la propuesta del ministro, los socialistas "han renunciado a los cuidados paliativos", informa Servimedia. "Ya no hablan de muerte digna, hablan de suicidio asistido. Nosotros estamos por la cultura de los cuidados paliativos, por enfrentarnos al ensañamiento terapéutico", añadió. El ministro Soria había dicho precisamente que existe unanimidad al respecto porque la Estrategia Nacional se había consensuado con las comunidades autónomas.
La jerarquía del catolicismo, enfrentada por segunda vez en una semana a decisiones del Gobierno que no comparte (aborto y suicidio asistido), se pronunció por boca del cardenal arzobispo de Toledo. Antonio Cañizares. Lo hizo en la homilía pronunciada ayer en la catedral de Toledo. "Sería hipocresía no denunciar lo que está en contra del bien más preciado del hombre, que es la vida, ante una cultura de muerte que alienta legislaciones que anteponen al derecho inviolable a la vida cualquier otro interés", dijo el primado de España en alusión a unas palabras del presidente Rodríguez Zapatero tildando de "hipócritas" a sus críticos.
El presidente de la Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC), Rogelio Altisent, afirmó que "desde un punto de vista asistencial [la propuesta de Soria] tendría consecuencias negativas para la sociedad, especialmente en forma de coacción a los más débiles y a los ancianos". "Tenemos la evidencia (publicada) de que en Holanda se está cumpliendo la conocida teoria de la pendiente resbaladiza, es decir, se está aplicando a personas que no lo habían solicitado", añadió.
Frente a estas reacciones, otros expertos apoyan con matices la propuesta de Soria. Pablo Simón, miembro del Comité de Bioética que el Gobierno nombró el pasado diciembre, no criticó la propuesta, sino el hecho de que se haya hecho sin contar con el grupo de expertos que el propio Ejecutivo había establecido. Desde Croacia, donde está en unas jornadas sobre bioética, Simón señaló que en un "tema tan sensible", que implica "modificar el Código Penal", abrir el debate le parece "estupendo". "Pero el Gobierno no debe actuar a base de globos sonda. Hay que hacerlo con mucho rigor, seriedad y mucha participación de todos, incluidas las iglesias", dijo.
Una portavoz del Instituto Borja de Bioética, que se define como de "inspiración cristiana", declaró: "En algunos casos muy estudiados no cerramos la puerta a la eutanasia y, por extensión, al suicidio asistido", dijo su portavoz, Ester Busquets. "La Conferencia Episcopal estará en contra, pero hay que recordarle lo que dice la Encíclica Deus caritas est, de Benedicto XVI: 'La Iglesia no quiere imponer a los que no comparten la fe las propias perspectivas y los propios modelos de comportamiento", añadió.
El presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, Marcelo Palacios, manifestó que "un Estado moderno no debería tener algo que penalice el que una persona escoja cómo quiere morir, como el artículo 143 del Código penal que castiga el auxilio en el suicidio".
"Celebro la promesa de Soria de hacer efectivos los derechos ciudadanos en este terreno: el derecho de toda persona a morir sin dolor y a rechazar cualquier actuación médica que pretenda prolongar su vida en contra de su deseo. Es inhumano obligar a nadie a someterse a actuaciones que le hagan vivir en contra de su voluntad, pero es que, además, en este país es ilegal. Y esto no sólo en el final de la vida sino en cualquier momento", comentó la bioética Marga Iraburu.
La asociación Derecho a Morir Dignamente ha recordado que, en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta a los ciudadanos sobre eutanasia desde 1997. Entonces, un 67% de los encuestados se mostró a favor de regularla.

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