Los pacientes tendrán derecho por ley a recibir en casa cuidados paliativos

Los pacientes tendrán derecho por ley a recibir en casa cuidados paliativos
La futura norma reguladora de la dignidad de las personas ante el proceso de la muerte reafirmará la prerrogativa individual de los ciudadanos a rechazar tratamientos y acceder a técnicas de sedación
Alfonso Pedrosa / SEVILLA | Actualizado 26.06.2008 - 05:04

Profesional de Cuidados Paliativos de un centro del SAS en Huelva.

La tramitación de la futura ley andaluza de la muerte digna requerirá por parte de todos los agentes -políticos, sociales, institucionales- que se sientan interpelados por ella el ejercicio de una virtud que suele olvidarse en tiempos de ruido y furia: saber escuchar. Sin esa actitud, está garantizado un pandemónium de gallinero donde sólo los oteadores de ríos revueltos sacarán ganancia. Los trabajos de preparación de la ley reguladora de la dignidad de las personas ante el proceso de la muerte echaron ayer a andar oficialmente con la entrega a la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias de una ponencia redactada por dos de sus vocales: Pablo Simón (médico y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública) y Francisco Alarcos (sacerdote católico y miembro de la Cátedra Andaluza de Bioética). Según avanzó ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero, "la ley podría estar aprobada dentro del año 2009", ya que la idea de Montero es entregar al Consejo de Gobierno de la Junta el borrador en torno al próximo mes de octubre.

La consejera de Salud sabe que, en este envite, se la juega con las palabras. Desde que anunciase la idea de regular el derecho a la muerte digna que aparece en el Estatuto, cada vez que ha hablado del asunto ha insistido en la "variedad cromática" que existe en torno a este tema y en la importancia de no reducir la cuestión -ayer volvió a remachar esa idea- a un debate a favor o en contra de la eutanasia. Porque los tiros no van por ahí. Y así aparece explicado con claridad meridiana en la ponencia que Simón y Alarcos entregaron a sus compañeros de comisión. Conocida entre los expertos en bioética como "la reina de la discordia", la palabra eutanasia ya no es sólo lo que etimológicamente significa: buena muerte. Por ello, precisamente, Montero asumió ayer rápidamente como propias las referencias de los autores de la ponencia a la imprecisión del Diccionario de la RAE al respecto, para proponer una definición de eutanasia en la que quede claro que es una acción directa dirigida a causar la muerte del paciente, asunto por completo ajeno al planteamiento que se hace desde la Consejería de Salud.

Otra cuestión es el debate que pueda abrirse en el seno del PSOE federal durante su inminente congreso -que la Consejería de Salud espera no interfiera en el desarrollo del proyecto andaluz- y de sus repercusiones sobre el planteamiento de cualquier iniciativa en las Cortes relacionada con algo parecido a la despenalización de la eutanasia, que hoy por hoy sólo propone IU en todo el arco parlamentario. "Hay que reservar la definición de eutanasia para el hecho de producir la muerte de forma directa a petición de los pacientes", apostilló Montero.

La Comisión pulirá las recomendaciones que ya contiene la ponencia y que, explícitamente respaldadas por Montero, dan forma a la necesidad de establecer el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos en casa o en un hospital, y que cuando la atención tenga lugar en el propio domicilio, la asistencia no merme en términos de calidad. También, la futura ley garantizará la prerrogativa de los enfermos a rechazar un tratamiento o a recibir sedación paliativa para afrontar en las mejores condiciones poisbles los últimos momentos del tramo final de la vida.

Entre las muchas cuestiones que quedan por perfilar en esta iniciativa, dos emergen con especial visibilidad: la objeción de conciencia y las garantías de la salvaguarda de estos derechos en las instituciones privadas. Montero comentó que "la objeción de conciencia es un derecho legítimo, que debe ser respetado; la ley hará compatible ese derecho con los de los pacientes". Respecto a las personas institucionalizadas en centros que no dependen de la sanidad pública andaluza, la consejera reconoció que "habrá que establecer mecanismos para que, efectivamente, podamos salvaguardar los derechos de los enfermos y acceder a la información necesaria sobre cada caso".

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/165485/los/pacientes/tendran/derecho/por/ley/recibir/casa/cuidados/paliativos.html