Un proyecto desafortunado

Un proyecto desafortunado
2007
Carlos Alberto Gomez Fajardo



Se ha presentado ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley para la conformación del “Consejo Nacional de Bioética”. Se argumenta que se trata de una entidad de carácter consultivo, operativo y asesor que se ocuparía de los delicados temas de la bioética, presentes en los diferentes ámbitos de la ciencia, la tecnología, la sociología, la educación, la política y la industria contemporáneos. Puede afirmarse que el proyecto firmado por el senador Clopatofsky es carente de sustentación académica, es débil, desafortunado y equivocado: la propuesta niega en su propio contenido la razón de ser de la bioética como actividad y ejercicio intelectual pues la reduce a un accionar político subsidiario de los intereses del Ejecutivo o del sector privado.

Se ha hablado por décadas del tema de la seriedad de la ética, de la gravedad de los problemas que deben ser enfrentados por las comisiones de alto nivel. No en vano una de las definiciones de lo que es la Bioética (Guy Durand) hace énfasis en su profundo contenido: búsqueda del conjunto de exigencias del respeto y de la promoción de la vida humana y de la persona en el sector biomédico. Son exigencias altas. Mucho más ahora, en un mundo cuyo norte antropológico parece borrarse ante los imperativos del utilitarismo y del materialismo. Detrás de temas como el proyecto genoma humano, las políticas demográficas neomalthusianas o la ideología de género, existen poderosos intereses y orillas filosóficas en conflicto. Enfrentarlos y dialogar con altura sobre ello no es la función de burócratas sometidos a la voluntad o el interés de sus momentáneos superiores jerárquicos. Un Consejo Nacional de Bioética debe ser el escenario del diálogo honesto y de la auténtica independencia intelectual. Esta disciplina tiene su propia y sólida tradición académica y racional, su vocación de diálogo que no excluye los aportes antropológicos de la religión (el proyecto mencionado excluye la religión, en un síntoma injustificable de intención laicizante); tiene su método, su sistema y su sustento teórico, las tres exigencias de la ciencia.

Entre los graves defectos del proyecto salta a la vista otro: de los nueve miembros propuestos, los cuatro primeros son del ejecutivo, tres ministros y el director de Colciencias, o sus delegados. Con ello basta para que se trate apenas de un órgano político controlado por el ministro de la protección social. Otra expresión de centralismo, de unilateralidad, de ausencia de garantías para un diálogo académico profundo, creativo, enriquecedor, valiente.

Hay que recordar que quizás menos torpe fue -al menos en la concepción teórica de lo que debe ser un organismo asesor en los temas de la bioética- el decreto presidencial 1101 de 2001 (Diario Oficial 44450, Junio 9 2001) mediante el cual se establecía la Comisión Intersectorial de Bioética…

Puede ser oscuro el panorama para la patria si un organismo de esta naturaleza se convierte en un ente político más. Allí se darían cita la irreflexión, el afán de protagonismo, la puja por los intereses determinados por un ministerio fuertemente comprometido con la diseminación e imposición de prácticas cuestionables éticamente y que pueden ser sometidas a escrutinio racional académico bioético. El ministro que se automutila con la vasectomía o que impone reglamentaciones abortistas y eugenésicas ciertamente puede ser cuestionado racionalmente, más cuando el presidente hace menos de un año se manifiesta comprometido en el empeño por el respeto a la vida y a la libertad.

No hay participación académica y multidisciplinaria en el proyecto de Clopatofsky: de él pueden beneficiarse aquellos “lobbistas” que esperan el momento oportuno para que el legislador beneficie sus intereses particulares, como ha sido evidente en el caso de los de la industria de la anticoncepción o de las eugenésicas tecnologías de reproducción asistida. Es más que desafortunado convertir un ente nacional de bioética en un pálido organismo burocrático subsidiario del Ministerio de la Protección Social.