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El utilitarismo y la Ley 100

jueves, 6 de mayo de 2010

El utilitarismo y la Ley 100

Ramón Córdoba Palacio, MD elpulso@elhospital.org.co

Uno de los conceptos fundamentales del utilitarismo es el que lo propuesto tenga algún elemento de eficacia, y aunque intrínsecamente las acciones que impliquen su puesta en marcha carezcan de sentido ético, dicho proyecto debe llevarse a cabo, pues el aparente progreso no puede detenerse ante “principios éticos antiguos”, ante “tradiciones pasadas” que deben dar paso a las innovaciones que abren caminos de avanzada. De esta aparente racionalidad y justicia está impregnada la Ley 100 de 1993 que hoy rige la atención médica en nuestro desorientado país.
¿Y es que tiene alguna utilidad verdadera para los pacientes, para el común de los colombianos, la tan pregonada Ley 100? Lo que proclaman a los cuatro vientos sus creadores y defensores es que el “cubrimiento” en salud se acrecentó para un considerable número de personas que no tenían acceso al sistema de salud -y hace poco anunciaban el incremento en cerca de dos millones más- pero ocultan las deficiencias que dicho cubrimiento trae consigo y cómo, en última instancia, sólo contribuye a que unos pocos dueños de las instituciones comerciales que la misma Ley creó y protege, acrecienten los ingresos a sus arcas particulares. Son entidades comerciales, no entes de salud, y su función primordial es producir ganancias económicas y no salud, contrasentido lógico de la Ley que las creó, pero que enmascaró sagazmente con la apariencia de igualdad y solidaridad en la prestación del cuidado de la salud, por lo tanto en la salvaguardia de la existencia de los colombianos. Es una de las tácticas del utilitarismo: crear sutilmente apariencias de racionalidad y solidaridad.
No, no es útil para el paciente, porque quienes dirigen estos comercios de salud han fijado arbitrariamente tiempo a la duración del acto médico -15 minutos por paciente-desvirtuando así la esencial misión del profesional de la medicina; porque limitan también arbitrariamente las posibilidades del honesto empleo de exámenes para-clínicos que orienten la labor de éste; porque fijan precio a los tratamientos adecuados, porque en las puertas de estos comercios de atención médica fallecen enfermos, porque “el Sisbén” no es de este municipio, o porque no aparece su nombre en pantalla o porque no fue debidamente remitido, etc. Pero esto se calla en el despliegue propagandístico del sistema de salud.
Entonces, ¿para quién o para quiénes sí es útil la malhadada Ley 100? Es útil, y muy útil, para los políticos demagogos, populacheros, que con el ánimo de conseguir votos muestran la aparente pero falsa bondad de una ley que desconoce la dignidad del paciente y lo convierte en simple objeto de explotación comercial, que se inspira en el capitalismo salvaje -como lo denominó Juan Pablo II-, en el cual el contenido ético de las acciones debe ceder al progreso económico, sin importar que la mercancía sea el ser humano. Es útil para los orientadores del gobierno estatal que en forma engañosa se liberaron de la obligación inherente a su misión de cuidar de la vida, de la salud, de la honra y de los bienes de todos los colombianos. Es útil, y muy útil, para quienes con la protección de la ley explotan comercialmente la existencia y la salud de sus conciudadanos, acrecentando en forma ostensible sus ganancias económicas, meta de su actividad. Es útil también para los doctores que hicieron de las estadísticas y de los lucros en dinero la meta de su actividad, olvidando las reales situaciones de la salud de cada paciente.
Una vez más, insisto, es necesario no olvidar que la misión esencial del profesional de la medicina es el bien del paciente, y que de esta misión no debe desviarlo ninguna otra consideración. Además, para ser fieles a los pacientes y a nuestra profesión, debemos informarlos sin ambigüedades de los nefandos engaños que oculta la Ley 100 tras la apariencia de igualdad, solidaridad y libertad en el área de la salud.

http://www.periodicoelpulso.com/html/sep04/opinion/opinion.htm

Nota

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Perfil

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Medellín, Antioquia, Colombia
Magister en Filosofía y Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diplomada en Seguridad y Defensa Nacional convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Docente Investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Directora del Grupo de Investigación Diké (Doctrina Social de la Iglesia). Miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética (GIEB). Miembro del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del Centro colombiano de Bioética (CECOLBE). Miembro de Redintercol. Ha sido asesora de campañas políticas, realizadora de programas radiales, así como autora de diversos artículos académicos y de opinión en las áreas de las Ciencias Políticas, la Bioética y el Bioderecho.

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