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¿Qué tan eficiente es el juzgamiento a los médicos cuando son negligentes en su trabajo?

lunes, 13 de julio de 2009

2006

Especial
¿Qué tan eficiente es el juzgamiento a los médicos cuando son negligentes en su trabajo?

Durante tres meses SEMANA.COM indagó cómo funcionan los tribunales de ética médica en el país, cuál es la frecuencia de quejas que se presentan por irresponsabilidad de los galenos y qué tanto afecta la Ley 100 a la ética médica. Informe Especial de Carolina Avendaño Pabón.

Por Carolina Avendaño

Aunque tiene 22 años, Luis Alfonso Carvajal aún no sabe hablar, no se sostiene de pie y ni siquiera puede alimentarse por sí mismo. Hace 23 años un doctor en Socorro, Santander, convirtió un embarazo estable en un accidentado parto en el que otro médico terminó reviviendo al bebé de un paro cardio - respiratorio.

Antes de nacer, el médico formuló la aplicación de pitosín durante seis días. El pitosín, una droga usada para inducir el parto natural debe aplicarse máximo por 24 horas porque puede causar sufrimiento fetal. Al sexto día programó una cesárea, cuya cita no cumplió. Otro doctor, conmovido, terminó por atender el parto. Días después comprobaron que había adquirido una infección por meningitis, algo poco común en bebes no prematuros. Luis Alfonso tiene parálisis cerebral y una invalidez total, sus padres están seguros de que la irresponsabilidad del médico y su deficiente atención, fueron la causa.

Como resultado de una convocatoria abierta por SEMANA.COM se recibieron cuarenta y siete comunicaciones de usuarios en las que reseñaban casos en los que consideraran que la ética médica había sido violada. Cuarenta correspondían a casos de negligencia médica y siete eran correos de médicos que aportaban puntos para el análisis. Pero solamente en seis, de los cuarenta casos recibidos, fueron puestas quejas ante los tribunales de ética médica.

Entre colegas

El Tribunal de Ética Médica es la instancia que permite juzgar a los médicos que son denunciados por los pacientes por cometer fallas a la ética. La particularidad del sistema es que quienes juzgan son, como los juzgados, médicos de profesión.

De acuerdo a la ley, cada tribunal está compuesto por un abogado y cinco médicos, que deben haber ejercido la profesión por mínimo quince años o haber dictado cátedra universitaria por lo menos durante cinco.

En estos tribunales, los casos son instaurados a través de quejas escritas o verbales de los afectados, que resumen el problema. De acuerdo a la ley 23 de 1981, en la cual se creó esta instancia, cuando se recibe un caso, uno de los cinco miembros es designado por el presidente del tribunal para presentar sus conclusiones en máximo quince días hábiles después de interpuesta la demanda. Si la conclusión es que hay méritos para investigar la violación a la ética, el tribunal envía una carta al médico citándolo para escuchar sus descargos. La cita debe darse para no menos de diez días hábiles y no más de veinte.

Aunque la ley reglamenta esos plazos, sólo recibimos dos testimonios en los que los afectados hubieran recibido respuesta del tribunal. En el caso de Luis Alfonso por ejemplo, 22 años después de ocurridos los hechos, sus familiares suponen que el médico fue absuelto porque nunca les llegó ninguna comunicación respecto a la queja que llevaron al Tribunal de Ética Médica de Santander.

Al respecto, Fernando Guzmán, miembro Tribunal Nacional de Ética Médica del y presidente encargado, en el momento de la entrevista, dice que todos los procesos deben incluir contacto con los afectados. El primer acto procesal que se hace es recibir la queja, después se investiga a los médicos y luego se llama al denunciante para que se ratifique en la queja, dice.

Mauricio Duarte, cirujano pediatra, ex magistrado del Tribunal de Ética Médica de Santander, asegura que en los fallos del tribunal como en todos los procesos de justicia, se deben propulsar copias a los interesados.

Sin embargo, fueron más los casos que recibimos de personas que no habían recibido respuesta alguna de los tribunales.

Acciones de los tribunales

Cuando hay respuestas, no siempre son ágiles. La familia de Gloria Elfi Garzón, una de las dos familias contactadas esperó durante ocho meses para la citación al Tribunal de Bogotá. Y eso que en este caso, a diferencia del de Luis Alfonso, Gloria, de 48 años, murió.

Después de ser intervenida en la un Clínica de Bogotá para extraerle unos cálculos biliares a través de una laparoscopia, una cirugía ambulatoria que es bastante común, Gloria sufrió una peritonitis. Una condición que pone en riesgo la vida de un paciente y que se puede expandir en cuestión de horas o pocos días, según el caso. La razón para haberla adquirido: el médico le ocasionó accidentalmente una perforación en la vía biliar, lo que produjo una contaminación de bilis en gran parte de sus órganos.

Al día siguiente le dieron orden de salida, sin considerar que presentaba síntomas graves y que la cirugía se había complicado, la prueba, duró seis horas en lugar de las dos programadas. El cirujano se desentendió totalmente del caso y no acudió luego a ninguna de las llamadas. Diecisiete días después de la cirugía y luego de otras dos intervenciones para salvarla, Gloria falleció.

La queja ante el tribunal contra el médico se basaba en su desinterés en la salud de Gloria, pues después de haber cometido un error durante la cirugía y sin considerar sus síntomas, la envío de regreso a su casa y no respondió nunca más a las llamadas de sus familiares.

Respecto a las demoras en los fallos, Fernando Guzmán dice que las demoras no son sólo culpa de los tribunales sino que muchas veces son de las personas que tardan mucho tiempo en instaurar la queja. No fue el caso de Gloria, su muerte sucedió en septiembre de 2005 y la queja fue puesta en diciembre del mismo año.

Actualmente un caso se puede denunciar si no han pasado más de tres años de ocurridos los hechos. Anteriormente se podía hacer si no habían pasado más de cinco años. Para Guzmán esa rebaja en los términos de prescripción lleva a una agilización del proceso, lo cual es favorable. "Una de las formas de obstruir la justicia es la demora en los procesos", dice.

El pasado diez de agosto la familia de Gloria recibió una citación para declarar ante el tribunal, pero a pesar de que la ley aclara unos plazos, se le advirtió que el fallo podría tardar varios meses. "Hay diferentes modalidades y causas que hacen que los procesos se demoren", dice Fernando Guzmán.

En el caso de Gloria Garzón aún no se sabe cual es el fallo, sólo se sabe que puede tardar varios meses. En el caso de Sergio Espinosa, el Tribunal de Ética Médica de Bogotá y el Tribunal Nacional de Ética Médica, determinaron que no hubo fallas en la conducta ética del médico.

Debido al diagnóstico de hidrocefalia de Sergio, su médico decidió implantarle una válvula en el cerebro. Sin embargo, su condición empeoró pues la válvula se infectó y su extracción produjo en Sergio una reacción tan fuerte que lo llevó a tener otra crisis de hidrocefalia severa. Luego, el complicado proceso de reimplantación de la válvula generó en él una pérdida de conocimiento y de sus facultades.

En plena crisis, el médico declaró que Sergio podía morir en cualquier momento y que no era su responsabilidad. Su esposa decidió entonces llevarlo a Estados Unidos en donde descubrieron que la válvula estaba semibloqueada por un coágulo y que por eso no estaba funcionando bien. Sólo después de un año de estadía en un centro de rehabilitación en ese país, Sergio recuperó sus facultades básicas.

El Tribunal de Ética Médica de Bogotá y el Tribunal Nacional de Ética Médica no encontraron fallas en las decisiones médicas, y argumentaron que la situación de Sergio estaba mejorando desde antes del traslado a Estados Unidos, sin considerar que fue en Colombia en donde Sergio perdió todas sus facultades y que la detección de las fallas de la válvula se hizo en Estados Unidos.

Debate

Duarte, asegura que hay que recordar que el acto médico, exceptuando la cirugía estética, no es de resultados sino de medios. "Lo que la ley exige es que no se falte a la ética, yo podría equivocarme en un tratamiento pero no he faltado a la ley. Es cierto que el perjudicado es el enfermo pero no por haber fallado en el tratamiento se me puede condenar disciplinariamente", afirma Duarte.

Cuando el médico somete a un paciente a un tratamiento que no conoce, cuando realiza un procedimiento para el que no está capacitado o cuando se niega a ir a una urgencia a la cual debería asistir, son para Duarte ejemplos de verdaderas faltas a la ética médica.

Pero a pesar de que las fallas de un médico pueden causar consecuencias descomunales como la muerte, las sanciones que dispone la ley para que impongan los tribunales son más bien minúsculas. La más dura es la suspensión en el ejercicio de la medicina que puede ser desde seis meses hasta cinco años. La más suave es la amonestación privada. Y entre estos dos extremos se encuentran las censuras por escrito que pueden ser privadas o públicas y las sanciones verbales que son públicas.

Para saber que médicos han sido sancionados es necesario visitar los tribunales. En las carteleras de sus instalaciones se publican periódicamente los nombres de los médicos en contra de los que ha fallado el tribunal. Guzmán anota que la revista El Heraldo Médico, de amplia publicación según su concepto, también publica los nombres de los médicos con las sanciones más graves.

SEMANA.COM no recibió ningún caso en que se informara que algún médico hubiera sufrido ninguna de esas sanciones. Y eso que en muchos de los casos, los afectados relataban consecuencias irreversibles a causa de errores médicos.

El caso de Juán Sebastián Torres es distinto. No ha sido denunciado a los tribunales de ética seguramente porque aún es posible hacer algo. A Sebastián le diagnosticaron asma desde los cinco años en la clínica que visitaba habitualmente. Las seis veces que estuvo hospitalizado, las innumerables veces que fue reanimado en urgencias y durante los tratamientos con diferentes especialistas el diagnóstico de asma se confirmaba.

Durante tres años fue diagnosticado como asmático, hasta que un día los inhaladores no le funcionaron. Decidieron revisar las radiografías que se le habían sacado a lo largo de tres años y descubrieron una anomalía: el niño no tiene asma. Hasta hoy ha vivido únicamente con la oxigenación del pulmón izquierdo pues su pulmón derecho no está funcionando porque su artería pulmonar está incompleta.

El diagnóstico que recibió es devastador para un niño de ocho años: la enfermedad avanzó por no haber tomado medidas correctivas a tiempo, su muerte es inminente.

La clínica Fundación Abood Shaio y la Fundación Cardioinfantil aseguran que se debe y se puede realizar una intervención quirúrgica para crear una conexión al pulmón derecho y hacerlo funcional. Se habla de dos posibilidades, una que cuesta 18 millones y la otra nueve, aproximadamente.

Durante varios meses la EPS se negó a realizar una operación correctiva argumentando que era demasiado tarde, luego reevaluó la posibilidad de llevar a cabo la intervención quirúrgica con alguna de esas dos clínicas, pero ha sido un trámite muy complicado, ya que esta EPS no tiene convenio con ninguna de las dos. Los Torres esperan ansiosos que se firme un contrato entre la EPS y una de estas entidades, para hacer la operación lo más pronto posible. Para ellos es un deber de la EPS responder por el caso, pues durante tres años dieron un diagnóstico errado que les hizo perder tiempo valioso para salvar la vida de su hijo.

Es curioso que no hayamos recibido casos que hablaran de sanciones a los médicos, sobre todo considerando que los tribunales están distribuidos en todo Colombia. Existe un tribunal nacional con sede en Bogotá y en los departamentos se encuentran seccionales. Y aunque la suspensión por más de seis meses sólo puede ser impuesta por el tribunal nacional, las demás sanciones pueden disponerse desde las seccionales.

"La gente cree que nosotros los médicos nos tapamos con la misma cobija y eso es falso. La mayor parte de las sentencias nuestras son condenatorias y somos más fuertes que los jueces penales", afirma Guzmán. Y refuerza diciendo que ninguna profesión es tan vigilada y juzgada como la profesión médica.

Duarte, por su parte, anota que el ser humano no es una máquina, y que en el ejercicio de la medicina debe considerarse que cada ente humano es diferente a otro y reacciona de manera diferente a cada tratamiento. Él calcula que durante su periodo de magistrado en el tribunal de Santander, en un 70 a 80 por ciento de los casos, los médicos fueron absueltos.

Los grandes perdedores

Probablemente la mayor parte de los médicos e instituciones al frente de un paciente procuran al máximo velar solícitamente por su salud, tal como lo reglamenta la ley que regula la ética médica. Y muy seguramente la mayor parte de los médicos ejercen a conciencia su profesión, como lo establece el juramento de la convención de Ginebra de la Asociación Médica Mundial.

Sin embargo hay médicos que cometen errores. Algunos son errores inevitables, pero otros parecen producto de la irresponsabilidad. La irresponsabilidad médica puede significar para un paciente una gran diferencia en su vida.

En el caso de Gloria Garzón ese error significó su vida. Y así como su hija Carolina Rojas Garzón afirma que los errores médicos pueden no haber sido producto de la mala fe y son entendibles, para ella es anti-ético no preocuparse por la salud de los pacientes y no procurar al máximo solucionar los errores.

Si en el caso de Gloria Garzón el médico finalmente recibiera una sanción por parte del tribunal, él podría apelar o presentar el recurso de reposición. Pero para Carolina es diferente, ella no puede pedir de vuelta la vida de su mamá.

*Vea las historias completas de los pacientes en Testimonios, en artículos relacionados.


http://portal2.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=97729

Nota

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Medellín, Antioquia, Colombia
Magister en Filosofía y Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diplomada en Seguridad y Defensa Nacional convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Docente Investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Directora del Grupo de Investigación Diké (Doctrina Social de la Iglesia). Miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética (GIEB). Miembro del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del Centro colombiano de Bioética (CECOLBE). Miembro de Redintercol. Ha sido asesora de campañas políticas, realizadora de programas radiales, así como autora de diversos artículos académicos y de opinión en las áreas de las Ciencias Políticas, la Bioética y el Bioderecho.

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