Por encima de la ley
Feministas que orquestaron aborto de niña exigen no ser investigadas en Nicaragua
MANAGUA, 07 Feb. 08 / 04:30 pm (ACI).- Las nueve feministas denunciadas por haber encubierto presuntamente al violador de "Rosita", niña símbolo del movimiento abortista, llegaron esta semana hasta la oficina del Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, para demandar que rechace la denuncia en su contra arguyendo que son víctimas de una persecución política.
En el año 2003, la Red de Mujeres Contra la Violencia, orquestó el aborto de "Rosita", una niña violada y embarazada a los 9 años de edad, con el apoyo de su padrastro, Francisco Fletes Sánchez, quien acusó a un vecino de haber violado a la niña.
Basadas en el testimonio de Fletes, la organización feminista lanzó una campaña que incluyó un libro y un reportaje televisivo difundido el 2007 en Estados Unidos y América Latina por un popular canal de cable.
El año pasado se descubrió que la menor, hoy con 14 años de edad, salió nuevamente embarazada, y las investigaciones demostraron que el violador era el propio padrastro. La madre de la niña, María de los Santos Esquivel, finalmente confesó que el causante del primer embarazo había sido el padrastro, a quienes las feministas habían convertido en un héroe.
Las integrantes de la organización feminista fueron denunciadas en octubre pasado por el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Roberto Petray, luego que un reportaje periodístico destapara el caso.
Petray recordó que fue el mismo violador quien autorizó que le practicaran un aborto terapéutico a Rosita. A su criterio, la Red de Mujeres tenía esta información y ha pedido que se les investigue como encubridoras del delito de violación, autoras del delito contra la administración de justicia, asociación e instigación para delinquir, y de apología del delito de aborto.
Martha Munguía, una de las denunciadas, se ha referido a Petray en declaraciones al diario El Nuevo como "un instrumento para la persecución política" en su contra.
Las feministas alegan que Petray tiene la "intención de inhibirnos de nuestro rol protagónico en la sociedad de defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de la niñez".
Para Carlos Polo, director de la oficina para América Latina del Population Research Institute, es "inverosímil lo que intentan hacer creer estas feministas. Ellas pretenden hacer creer que un ciudadano común está persiguiendo políticamente a organizaciones feministas bien financiadas cuyas representantes no aparentan estrechez económica".
"Por si fuera poco, ellas cuentan con el apoyo de muchos representantes de gobiernos de países desarrollados y de la Comunidad Europea que han condicionado la cooperación internacional a la aprobación del aborto y finalmente la han suspendido. Entonces, ¿quién persigue a quién? Persecución política ha sido una táctica muy socorrida por aquellos que se saben en falta y buscan que sus delitos no sean castigados. En mi opinión, esta actitud es un indicio más a los que ya presentó el señor Petray".
Por su parte, el asesor del Movimiento Pro-Vida en Nicaragua, Carlos Sánchez Guillén, declaró a ACI Prensa que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar todos los casos que llegan a su oficina y "no es usual que personas se valgan de su cargo para evadir un proceso judicial".
"No puedo decir que haya una persecución política, lo que ha habido es una denuncia de un ciudadano ante la creencia de este ciudadano que se ha cometido un delito. Lo que existe actualmente es un proceso de investigación, no se ha ni siquiera establecido ninguna responsabilidad para nadie; a mi criterio esto es un procedimiento normal que la ley lo establece, que no contempla ningún tipo de persecución política", indicó.
Asimismo, recordó que los investigados por la fiscalía tienen "la responsabilidad de colaborar, más si existe una denuncia en contra de un ciudadano y si este ciudadano está consciente de que es inocente".
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