Por cumplir con su deber

Por cumplir con su deber
Autor: Carlos Alberto Gomez Fajardo

Al tratar de cumplir su obvia misión de proteger y tutelar la dignidad de toda vida humana, sin excepción, una institución hospitalaria colombiana ha sido sancionada por las actuales autoridades de salud. Al hospital San Ignacio le han aplicado una multa por haberse comprometido con el bien.
Ha tenido que pagar una sanción que viene desde las instancias sanitarias oficiales convertidas ahora en una especie de organismo policial y represivo por el poder que las leyes vigentes les confieren. No es tan importante el tema del monto de la multa; sí lo es el implacable valor simbólico de lo que está sucediendo con la atención en salud en Colombia: he aquí que a una entidad hospitalaria, por tratar de ser coherente con su vocación y sentido, se le sanciona debido a que se niega con energía a dar muerte a un paciente. El estado, creyendo ejecutar justicia, ha conferido a una madre el cuestionable poder de decisión sobre la continuidad de la existencia física de su propio hijo, como si él fuera un objeto sobre el cual se ejerce dominio. Tal es el espíritu inicuo que inspiró a la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, en fallo injusto que reedita épocas de esclavitud y discriminación de unos seres humanos por parte de otros de la misma especie. Por ello hay quienes aún creen justo que el diagnóstico prenatal se convierta en sentencia de muerte prematura como en efecto ya sucede en muchos países. La ley, injusta pues va contra la naturaleza del ser humano, se apoya en este caso sólo en la arbitrariedad e interés totalitario de quienes la impusieron. No en vano la citada y fatal sentencia de la alta corte ha sido el bastión de “derecho” de quienes quieren creer que existen seres humanos de categoría inferior y que no merecen vivir por diversas razones. Simultáneamente los propagandistas de ése tipo unilateral de derecho se hacen pasar ante las irreflexivas muchedumbres como demócratas. No lo son; apenas llegan, como lo hemos dicho anteriormente, a la categoría de fotocopiadores de las legislaciones europeas más desviadas hacia la extrema izquierda de las ideas. Tal es el caso de la extensa normatividad eugenésica que el ministerio de la protección social se apresuró en imponer una vez que una triste y conocida ONG abortista le abrió el camino político: resolución 0769, circular externa 002137, decreto 4444 y “normas técnicas de interrupción voluntaria del embarazo”. Las leyes y normas se han convertido en expresión máxima de la voluntad de aniquilación del individuo por parte de una “nomenklatura” de funcionarios anónimos y despóticos, como en los oscuros tiempos de los soviet. Caben ahora para Colombia y para la continuidad del ejercicio digno de la profesión médica en este país las breves ideas de Henry David Thoreau, el autor del clásico “Del deber de la desobediencia civil”. En su inmortal discurso de 1848 manifestaba: “Jamás habrá un Estado realmente libre y culto hasta que no reconozca al individuo como un poder superior e independiente, del que se deriven su propio poder y autoridad, y lo trate en consecuencia. Me complazco imaginándome un Estado que por fin sea justo con todos los hombres y trate a cada individuo con el respeto de un amigo”. Ahora estamos viviendo en una época oscura en que el estado ha querido, por imposición de algunos juristas que creen más en los acuerdos y en los beneficios políticos y electorales que en la realidad objetiva de la justicia, y que por ello, son capaces de degradar el derecho a la condición de maquinaria de poder inflexible que sirve para ejecutar la eliminación sistemática de quienes son considerados indeseables. Lo que está teniendo lugar es la máxima aniquilación del propio concepto de la democracia.

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