La dictadura de la Corte

La dictadura de la Corte

El reciente fallo que dio a conocer la Corte Constitucional pretende obligar al sector educativo a la promoción del supuesto "derecho al aborto", lo que una lectora, colaboradora habitual, considera "una prueba más de la extralimitación de su competencia".


Beatriz Eugenia Campillo Vélez - Publicado el 23 de octubre de 2009


Se ha dicho, no sin reservas, que la democracia colombiana es una de las más sólidas, porque efectivamente no hemos vivido dictaduras fuertes. No obstante, la democracia de un país no puede ser evaluada exclusivamente desde las acciones del Ejecutivo, sino desde la totalidad del Estado, esto implica analizar tanto los poderes públicos y órganos de control, como también el poder de decisión que la ciudadanía tiene mediante el uso de mecanismos de participación ciudadana, y el grado de representatividad logrado por los diferentes partidos políticos.

Vista así, resulta lamentable el estado actual de nuestra democracia, que más que estable deberíamos calificar de pasiva. Es increíble que estemos viviendo bajo la dictadura de nueve magistrados de la Corte Constitucional y que el país siga tan tranquilo, pues valga aclarar, no son elegidos directamente por el pueblo a diferencia del Ejecutivo y del Legislativo.

No es lógico que un proyecto de ley estatutaria en el Congreso tenga un proceso tan largo y dispendioso por tratarse de Derechos Fundamentales, y que a su vez, una sentencia sobre la misma materia sea proferida simplemente por la discusión entre nueve magistrados (cuando es en pleno), o de tres (cuando es por salas). Tampoco resulta lógico que frente al proyecto que se tramita en el Congreso, donde se tiene mayor discusión y representación de la sociedad, existan recursos para declarar derogada la ley o inexequible, mientras que ante un fallo de la Corte reine la "cosa juzgada", sin existir posibilidad de discusión. Claro, a menos que la misma Corte decida lo contrario, como en la sentencia del aborto, donde a la C-355 se quiere respetar como "cosa juzgada", cuando este fallo violó la sentencia del 94 que ya tenía dicha categoría. Así las cosas, en términos políticos es bastante dudosa la legitimidad de las sentencias de la Corte cuando éstas versan sobre asuntos en los cuales debería ser la sociedad la que decida, en un espacio de diálogo para escuchar posiciones a favor y en contra, como en toda sana democracia.

El reciente fallo que se dio a conocer de la Corte Constitucional (T-388/2009), que pretende obligar al sector educativo a la promoción del supuesto "derecho al aborto", es una prueba más de la extralimitación de su competencia, entre otras, porque siendo una sentencia de tutela (se supondría inter partes) no tendría por qué dar órdenes a otros entes del Estado que ni siquiera estaban involucrados en el caso revisado. ¿Dónde está la Corte que velaba por la Constitución, que no legislaba porque no era su competencia? ¿Dónde está el respeto por las instituciones, por la libertad de cátedra, por la libertad de conciencia? ¿Dónde está la idea liberal, según la cual, la vida es el derecho más importante de cada individuo? ¿Por qué se defienden los delitos en detrimento de los verdaderos derechos?

A propósito de la sentencia, tal vez sea conveniente recordar un caso digno de imitar que puede consultarse en internet. Blanca María Ponce, de 16 años, fue la primera estudiante española que presentó una objeción de conciencia contra la asignatura "educación para la ciudadanía" impuesta por el gobierno, según sus palabras: "Objeto porque quiero y porque puedo. Considero que a mí no me come el coco nadie, ni mucho menos el Estado. Creo que hay cosas que uno debe aprender en casa y no en el colegio". Por su parte doña Margarita, su madre, dijo en entrevista al semanario Alfa y Omega "A mis hijos los educo yo", y agrega "El Estado pretende que los niños tengan una sola idea, una sola forma de pensar, cuadricularles la mente y quitarles la libertad. Quiere crear un patrón único por el que todos los niños piensen igual y crean lo mismo, para mal. Esta es una intromisión en toda regla, y además un abuso de poder. Esto es un abuso, un atropello".

Por cierto, causa asombro el afán desmedido por cumplir la sentencia del aborto, por promover los "derechos sexuales y reproductivos". Ojalá la justicia fuera así de eficaz en otros campos, incluso en salud, porque para nadie son desconocidas las grandes fallas del sistema. Qué curioso que para matar a alguien (para el caso al no nacido) los procesos administrativos sí se vean como un obstáculo, y que cuando es para salvar vidas no se siga el mismo razonamiento.


http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_dictadura_de_la_corte/la_dictadura_de_la_corte.asp