| De qué democracia estamos hablando en Colombia? No es muy democrático un Estado cuyos poderes han emprendido la campaña por la legitimación del aborto, desde las sentencias de la Corte Constitucional hasta las políticas adoptadas por los ministerios de Protección Social y de Educación (mediante la enseñanza y promoción de la idea del "aborto como derecho"), y que reprime la objeción de conciencia frente a esta práctica. Ya la sociedad había aceptado que en el Código Penal se ampliara el espectro de circunstancias de atenuación punitiva para el tipo penal de aborto, y que, además, pudiera el juez prescindir de la pena cuando "se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de motivación" (artículo 124, parágrafo; Código Penal). Desde luego, esta aceptación social atiende a la comprensión del drama y el conflicto que para muchas mujeres supone abortar, pues se trata de decidir sobre el derecho de un individuo (el nasciturus) a vivir.
Precisamente, la discusión que hoy se da en algunos sectores, a partir de las diversas posturas que la sociedad ha asumido ante el delito del aborto, parece obviar el carácter fundamental que reviste el derecho a la vida. Muchos entre quienes defienden el aborto como un derecho de la mujer han pretendido reducir la posición contraria a una cuestión de moral religiosa, desconociendo que, cuando hablamos de la defensa de los derechos fundamentales, personalísimos, inalienables e indisponibles, nos referimos en primer lugar al Derecho Natural, que es anterior a cualquier ordenamiento jurídico positivo. Si el derecho a la vida es el presupuesto de todos los derechos y libertades, y su garantía y protección se constituye en la condición para la legitimidad de los estados contemporáneos, entonces, Colombia y muchos otros países a la vanguardia de la promoción del aborto, como China, Estados Unidos, Chile, España y, en general, la Unión Europea, están yendo en contravía del sentido común y de distintas fuerzas sociales, por su tendencia a llevar a cabo toda clase de programas malthusianos de control poblacional y de natalidad, que expresan la pretensión totalitaria de los estados de imponer a los individuos sus proyectos de ingeniería social.
En realidad, no estamos asistiendo a ninguna democratización de las sociedades contemporáneas, ni a la extensión de los derechos y libertades, sino que el mundo avanza cada vez más hacia la magnificación del poder del Estado y la instrumentalización del ser humano, paradójicamente, en el momento de mayor globalización de las sociedades, cuando el individuo debería constituirse en la razón de ser de toda institución o comunidad política.
Es irrisorio hablar de Estado de Derecho o de Estado Social de Derecho, y más aún, de democracia liberal, si el primer objetivo de los gobiernos es ejercer progresivamente el control de nuestras vidas y de las de quienes apenas han sido concebidos, y levantar sospechas sobre los ciudadanos que manifiestan su discordancia ante tal agresión. En este "siglo de los jueces", por lo visto, no habrá cabida para ejercer sin temores la libertad de pensamiento.
*Politólogo, Universidad Pontificia Bolivariana http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/de_objetores_a_sospechosos/de_objetores_a_sospechosos.asp |
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