La mujer acudió a una tutela que fue aceptada por la Corte esta semana, y el fallo del tribunal señala que "considerar que la madre tiene menor derecho sobre los hijos que el padre porque inicialmente accedió a gestar en su vientre un hijo (...) a cambio de una compensación económica que le permitiera un mejor nivel de vida a su familia, no la inhabilita para exigir valer los derechos de sus hijos".
La historia se remonta al 2002, cuando una pareja colombiana que no podía tener hijos y vivía en EE. UU. acudió a un centro de medicina reproductiva para buscar ayuda.
Allí les recomendaron un proceso de fertilización usando una madre sustituta (vientre alquilado) y les ayudaron a conseguir una candidata. Su nombre figuraba en una base de datos de mujeres dispuestas a prestar su vientre. La elegida, que tenía en ese momento 26 años y vivía en un humilde sector del municipio de Vijes, aceptó a cambio de nueve millones de pesos, más gastos médicos y de mantenimiento durante el embarazo y el postparto.
Los problemas empezaron cuando el cuerpo de la madre sustituta rechazó los óvulos fertilizados que le implantaron. Ante el fracaso del tratamiento, el padre viajó de nuevo a Colombia y la convenció para que aceptara ser fertilizada in vitro, pero con sus propios óvulos. Ella aceptó, pero después manifestó su deseo de no separarse del bebé que naciera. En otro centro clínico de Cali, los dos se presentaron como esposos y empezaron un tratamiento de fertilización por probeta que funcionó tan bien que tuvieron gemelos. El padre, que ya estaba en EE. UU., envió --dice el expediente-- 150 mil pesos mensuales, pero los giros se suspendieron al quinto mes de embarazo. Los niños nacieron en Vijes, al norte de Cali. Un hermano de ella terminó de sufragar los gastos del parto. Cuando los niños cumplieron nueve meses el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) se los quitó a la madre sustituta. Las condiciones del sector donde vivían --un área industrial-- y denuncias de supuesto descuido le dieron pie a un defensor de familia para entregarlos en custodia a una hermana del padre. Simultáneamente, él inició un proceso de custodia ante un juez en Vijes y otro para privar a la madre de la patria potestad, esta vez en Cali. Eso fue a comienzos del 2008. Ella los pudo visitar ocasionalmente hasta esa mes, cuando un juez le dio permiso al papá para sacarlos del país.
Ese juez señaló en su sentencia que hubo un contrato verbal de alquiler del vientre que fue incumplido por la madre de los niños, desconociendo los derechos del padre. Y agregó que iba en contra de los niños la intención de la madre de hacerlos vivir en Cali, "ciudad llena de inseguridad y pobreza que no era el mejor ambiente para ellos". Desde hace dos años, la madre empezó una lucha, vía tutela, para volver a ver a sus hijos, hasta que el caso llegó a la Corte Constitucional. Ahora, el Icbf tiene orden de hacer cumplir con el fallo de los magistrados.
REDACCIÓN JUSTICIA
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