NOTICIAS LOCALES de Junín del día 12 de Junio del 2008
UN MATRIMONIO DE JUNIN LOGRA UN AMPARO JUDICIAL FRENTE A IOMA
Sentencia paradigmática sobre fertilización
La obra social deberá costear al ciento por ciento todos los tratamientos necesarios para que la pareja logre superar la infertilidad.
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La Cámara de San Nicolás falló a favor de un matrimonio juninense que demandó a la obra social IOMA, a través de un recurso de amparo, para que preste cobertura asistencial con el reconocimiento del ciento por ciento de los costos para la fertilización in vitro (VIV), a través de la técnica ICSI, que deberá efectuarse en un instituto médico de la Capital Federal.Patrocinados por los doctores Silvina Rinaldi y Mauro Imperatori, los cónyuges Evangelina Sartirano y Natalio Falasconi plantearon el recurso de amparo ante los tribunales locales que fallaron a su favor, sentencia que ahora fue confirmada por la Cámara de San Nicolás.
Los aspectos trascendentales del fallo son:
* Autoriza todos los tratamientos que sean necesarios. Decisión inédita si se considera que cada uno cuesta alrededor de $ 15.000 y podrían requerirse varios - estadísti-camente tres o cuatro- para lograr el embarazo.
* Se trata ademas del tratamiento de más alta complejidad. Textualmente la Sentencia del 23 de abril de 2008 de primera instancia, ahora confirmada,falló: "condenando al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A), a solventar en forma integral y total los gastos que insuma el tratamiento de fertilización in vitro por técnica ICSI, en las oportunidades que fuere menester y hasta lograr el efectivo embarazo perseguido, como asimismo de todo tratamiento posterior necesario a favor de ambos accio-nantes, todo ello en el término y/o plazo que determinen los profesionales de la salud de la correspondiente práctica..."
Cabe destacar, al respecto, que la Justicia de la Provincia de Buenos Aires sobrepasó a la de Capital Federal que, en una oportunidad, autorizó un solo tratamiento.
* La celeridad del proceso con un estricto respeto de los plazos procesales. El amparo fue iniciado el 30 de marzo, la sentencia de primera instancia es del 23 de abril, la apeló la provincia de Buenos Aires y la Cámara Contencioso Administrativa de San Nicolás la confirmó por unanimidad el 15 de mayo. Un tiempo que no superó los dos meses.
* La impecable labor judicial, según los abogados patrocinantes. La sentencia de primera instancia es del Juzgado Correccional Nº 1 de Junín, juez: Mario Ordoñez, secretario: Héctor Alberto Barbera. Cabe señalar que, en la provincia de Buenos Aires, los amparos se sortean entre todos los tribunales sin importar que sean competentes en razón de materia porque se trata de debatir cuestiones constitucionales. El fallo, prosiguen los letrados, es "jurídicamente impecable y digno de resaltar ya que se trata de un juez correccional, lo que de alguna manera evidencia también la disposición muy favorable de todo el espectro judicial con respecto a este tema. Acá volvemos a destacar la observación estricta de los plazos procesales, que no es para nada habitual, por parte de los sentenciantes".
Fundamentos
La sentencia señala como fundamentos, entre otros que:
"La infertilidad es una enfermedad, no una condición más del hombre o la mujer y, como tal, integra el derecho a la salud. Tan altos intereses merecen un atención y tutela máxima por parte del estado."
"Al ser consagrados dichos derechos en los textos constitucionales y tratados internacionales, no como una mera enunciación de voluntad, sino clara y concretamente, se hacen exigibles con la primacía que las leyes supremas tienen en el derecho positivo vigente; por esta razón entiendo que no se pueden desconocer dichos derechos alegando cuestiones administrativas y/o disposiciones internas de una obra social"
"Se trata de un derecho social que, en cuanto facultad jurídica cuya prestación es exigible al Estado, trasmuta en un verdadero bien social, reconocido explícitamente en el artículo 36 de la Constitución Provincial cuyo inciso 8 prescribe que "la Provincia garantizará a todos sus habitantes el acceso a la salud en sus aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos... "y que "el medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud"
"La denegatoria por el IOMA de la prestación requerida, respecto de los accio-nantes, frente al deber legal de proveerla, constituye "per se" una conducta antijurídica, habilitante de la pretensión de amparo articulada"
Los demandantes
Evangelina Sartirano (33 años) es docente. Su esposo, Natalio Falasconi (36) es empleado municipal y estudiante de Ciencias Económicas. Hasta ahora, la pareja no pudo tener hijos. En enero del 2006 y en igual mes de 2007 intentaron le fertilización in vitro a través de la técnica ISCI, pero en ambos casos no arrojó el resultado esperado.
Para Evangelina, la sentencia representa una presión menos. "Nos desligamos del tema económico. Por supuesto, el objetivo es quedar embarazada y, de por sí, representa una presión. Pero ya no debemos privarnos de muchas cosas como hasta ahora, ni esperar a las vacaciones para hacer los intentos".
Piensa las respuestas. Parece como que no termina de comprender que en su lucha por la maternidad ganó una batalla, aunque no la guerra. Luego, cuando se distiende sonríe. Y, mujer ella, a la hora de fotografiarse se interesa por cómo salió la foto. Quién esto escribe y, seguramente, quién lo lee, tiene ganas de afirmar: va a ser madre.
Natalio vive el tema… casi maternalmente. Está al tanto de todo el procedimiento científico e intenta explicarlo minuciosamente. Su determinación es total: va a ser padre.
La técnica ICSI es la de mayor complejidad y su empleo sobreviene cuando sus similares de baja complejidad no arrojan resultados. Su eficacia es relativamente baja. Solo hay éxito en uno de cada cuatro casos. También es posible que más de un óvulo anide y den lugar a un embarazo múltiple. Algo, esto último, que Evangelina y a Natalio, no les causa ninguna preocupación.
http://www.diariodemocracia.com/diario/articulo.php?idNoticia=9967
ROMA, domingo, 11 marzo 2007 (ZENIT.org).- El derecho de los médicos, farmacéuticos y personal de los hospitales a no proporcionar tratamientos que violen sus principios morales cada vez está más bajo amenaza. La Pontificia Academia para la Vida ha analizado el trasfondo de esta problemática en un congreso titulado: «La Conciencia Cristiana en Apoyo al Derecho a la Vida», que ha tenido lugar los días 23 y 24 de febrero.
El obispo Elio Sgrecia, presidente de la Academia, describía como de «emergencia», la actual situación de formación en temas que tienen que ver con la vida humana.
En su comunicación, que se puede encontrar en la página web del Vaticano, monseñor Sgrecia explicaba que una sociedad democrática debería dejar el suficiente espacio para que una persona expresara su libertad y responsabilidad a la hora de vivir los valores sociales clave. Defender la vida humana es el primero de estos valores que están en el centro de cualquier sociedad, indicaba.
Monseñor Sgrecia añadía que hasta hace poco la objeción de conciencia en temas relacionados con la vida se militaba al aborto. En años más recientes, no obstante, el campo se ha expandido ampliamente, con temas como la eutanasia, las píldoras abortivas y el uso de embriones en la investigación.
De hecho, una encuesta reciente llevada a cabo en Estados Unidos ilustraba la importancia que muchos médicos dan al papel de la conciencia. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Chicago encontró que 1 de cada 7 doctores siente que no tiene la obligación ética de informar a los pacientes sobre tratamientos médicos a los que los médicos se oponen por razones éticas, informaba el 8 de febrero el Baltimore Sun.
El New England Journal of Medicine publicaba los resultados de la encuesta. Los tratamientos mencionados van desde el aborto a la eutanasia, pasando por la prescripción de anticonceptivos para adolescentes.
Integridad ética
El doctor David Stevens, presidente de la Asociación Médica Cristiana, comentaba la encuesta en una nota de prensa el 9 de febrero. Observaba que el estudio sugería que muchos doctores pueden sentirse presionados a violar su integridad ética al dirigir a sus pacientes a otros médicos que llevarán a cabo las prácticas moralmente reprensibles.
«Necesitamos leyes que protejan los derechos de conciencia de los médicos, y necesitamos educación para animar a los doctores a permanecer firmes en cuanto a los principios morales y éticos fundamentales», afirmaba Stevens.
El New York Times proporcionó pronto un ejemplo de las presiones a las que se enfrentan los médicos. En un editorial el 13 de febrero, el periódico admitía que los doctores tienen el derecho a no llevar a cabo prácticas moralmente reprensibles, pero negaba su derecho a no presentar tales prácticas como una opción válida para que las consideraran sus pacientes.
«Cualquier doctor que no pueda hablar a sus pacientes sobre los cuidados legalmente permitidos por entrar en conflicto con sus valores debería abandonar la práctica de la medicina», era la dura conclusión del editorial.
No sólo los médicos se enfrentan cada vez a más presiones, también las organizaciones católicas. El año pasado, el Tribunal de Apelación del estado de Nueva York dictaminó que las agencias de servicios sociales gestionadas por la Iglesia católica deben proporcionar la cobertura del seguro sanitario para anticonceptivos de sus empleados, informaba el 19 de octubre Associated Press. La sentencia afectaba a las asociaciones de caridad católicas y a otras nueve organizaciones.
Richard Barnes, hablando en nombre de las organizaciones católicas implicadas, sostenía que el conflicto no era sobre los anticonceptivos, sino sobre libertad religiosa. En comentarios citados por el New York Times el 20 de octubre, Barnes declaraba que temía que el juicio llevara a que el estado hiciera leyes incluso más agresivas contra la religión.
Farmacéuticos con problemas
Otra faceta de los conflictos de conciencia tiene que ver con los farmacéuticos. En los últimos años han tenido conflictos a la hora de proporcionar anticonceptivos y píldoras abortivas. En un juicio el año pasado, un juez federal respaldó la legitimidad del despido de Wal-Mart de un farmacéutico católico que se negó a cumplir las prescripciones de anticonceptivos, informaba el Minneapolis Star Tribune el 2 de junio. El juez John Shabaz dictó sentencia en contra de Neil Noesen, despedido de su trabajo en la tienda de Wal-Mart de Onalaska, Wisconsin.
El 23 de agosto, el periódico Washington Times informaba que en casi la mitad de los congresos estatales se han introducido leyes en las sesiones de este año para permitir a los farmacéuticos no cumplir las prescripciones para los así llamados anticonceptivos de emergencia, que en realidad son conocidos abortivos, o medicinas de control de natalidad por razones de objeciones religiosas o morales.
Según la información de la página web de la conferencia nacional de organismos legislativos estatales, cuatro estados de Estados Unidos – Arkansas, Georgia, Mississippi y Dakota del Sur – han aprobado leyes que permiten que un farmacéutico rechace dispensar anticonceptivos de emergencia. Además, Colorado, Florida, Maine y Tennessee tienen cláusulas de negaciones amplias que no mencionan específicamente a los farmacéuticos.
En contraste, Illinois ha aprobado una ley de emergencia obligando a los farmacéuticos a dar los anticonceptivos aprobados por la Administración de Alimentación y Medicamentos. En California, los farmacéuticos tienen el deber legal de dispensar las prescripciones, incluyendo los anticonceptivos, y sólo pueden rechazar el hacerlo si quienes les emplean aprueban su negativa y las mujeres pueden acceder conseguir su prescripción con tiempo en otro lugar. La información de la página web estaba actualizada para octubre del año pasado.
Crítica a los hospitales católicos
En Canadá, los hospitales católicos recibieron críticas el año pasado por el tema de las esterilizaciones. Según un reportaje del 27 de septiembre en el periódico National Post, el Hospital St. Elizabeth en Humboldt, Saskatchewan, decidió parar las operaciones de ligamientos de trompas.
Tras la decisión los pacientes presentaron sus quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan, y, según el artículo, quienes se oponen a la medida están considerando emprender acciones legales.
Desde el 2001, tras una queja por derechos humanos, el hospital llevó a cabo el ligamento de trompas en algunos casos. Pero el pasado junio la dirección del hospital decidió parar el procedimiento. Algunas de las operaciones estaban siendo hechas por razones meramente anticonceptivas, declaraba al National Post Shirley McNeil, directora ejecutiva del hospital.
El tema de las objeciones morales a algunos procedimientos médicos también ha afectado recientemente a las instituciones católicas de Australia. El Hospital John James Memorial, en la capital de la nación, Canberra, fue adquirido el año pasado por la Pequeña Compañía de María Sanadora.
Tras el cambio de propietarios, el hospital dejó de proporcionar servicios al Centro de Fertilidad de Canberra. En un artículo con fecha del 9 de enero, el periódico The Australian informaba de que despertaba preocupación el efecto de la creciente influencia que las instituciones católicas están teniendo en el servicio de salud.
El 12 de enero el periódico volvió sobre el tema, informando que el presidente de la Asociación Médica Australiana, Mukesh Haikerwal, quiere que los gobiernos estatales eviten dejar en manos de la Iglesia católica hospitales públicos mientras no consienta en proporcionar todos los servicios, incluyendo las fertilizaciones in Vitro, los abortos y las esterilizaciones.
El obispo auxiliar de Sydney, monseñor Anthony Fisher, vicario episcopal para Vida y Salud, hacía un comentario sobre el tema en un reportaje publicado el 21 de enero en el periódico archidiocesano de Sydney, Catholic Weekly.
El obispo indicaba: «El hecho es que la mayoría de los hospitales en Australia – incluyendo los hospitales de los estados, los hospitales públicos católicos y los hospitales privados – no ofrecen los servicios de fertilización in vitro. La gente no va a los hospitales católicos si buscan abortar o la esterilización o la fecundación in vitro».
Un reportaje en el periódico The Australian el 11 de enero sobre un código ético publicado por la organización Catholic Health Australia atrajo más discusión sobre el papel de las instituciones católicas. El código recomienda que los hospitales católicos no envíen a las mujeres que han sido violadas a centros de crisis donde se les dará la píldora del día después, conocida por su efecto abortivo.
En su discurso del 24 de febrero a los participantes en el congreso organizado por la Pontificia Academia para la Vida, Benedicto XVI declaraba que los cristianos están llamados a enfrentarse a los continuos ataques contra la vida humana.
El hecho de que hoy muchos tengan que luchar por el derecho a defender la vida humana es una prueba de cuánto ha cambiado la sociedad en un corto espacio de tiempo desde que se legalizó el aborto.
Por el padre John Flynn
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