De objetores a sospechosos - El Colombiano (Juan David García)

Cordial Saludo

 

Les comparto un artículo publicado hoy en El Colombiano, escrito por uno de mis compañeros de Ciencias Políticas.

 

Saludos,

Beatriz Campillo

 

 

De objetores a sospechosos

A raíz del nuevo fallo de la Corte Constitucional se han suscitado diversas reacciones de rechazo. Un lector ahonda en este punto de vista sobre la objeción de conciencia y cuestiona la decisión por la legitimación que hace del aborto y su contradicción con los valores democráticos.

Juan David García Ramírez*   -    Publicado el 24 de octubre de 2009

De qué democracia estamos hablando en Colombia? No es muy democrático un Estado cuyos poderes han emprendido la campaña por la legitimación del aborto, desde las sentencias de la Corte Constitucional hasta las políticas adoptadas por los ministerios de Protección Social y de Educación (mediante la enseñanza y promoción de la idea del "aborto como derecho"), y que reprime la objeción de conciencia frente a esta práctica. Ya la sociedad había aceptado que en el Código Penal se ampliara el espectro de circunstancias de atenuación punitiva para el tipo penal de aborto, y que, además, pudiera el juez prescindir de la pena cuando "se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de motivación" (artículo 124, parágrafo; Código Penal). Desde luego, esta aceptación social atiende a la comprensión del drama y el conflicto que para muchas mujeres supone abortar, pues se trata de decidir sobre el derecho de un individuo (el nasciturus) a vivir. Precisamente, la discusión que hoy se da en algunos sectores, a partir de las diversas posturas que la sociedad ha asumido ante el delito del aborto, parece obviar el carácter fundamental que reviste el derecho a la vida. Muchos entre quienes defienden el aborto como un derecho de la mujer han pretendido reducir la posición contraria a una cuestión de moral religiosa, desconociendo que, cuando hablamos de la defensa de los derechos fundamentales, personalísimos, inalienables e indisponibles, nos referimos en primer lugar al Derecho Natural, que es anterior a cualquier ordenamiento jurídico positivo. Si el derecho a la vida es el presupuesto de todos los derechos y libertades, y su garantía y protección se constituye en la condición para la legitimidad de los estados contemporáneos, entonces, Colombia y muchos otros países a la vanguardia de la promoción del aborto, como China, Estados Unidos, Chile, España y, en general, la Unión Europea, están yendo en contravía del sentido común y de distintas fuerzas sociales, por su tendencia a llevar a cabo toda clase de programas malthusianos de control poblacional y de natalidad, que expresan la pretensión totalitaria de los estados de imponer a los individuos sus proyectos de ingeniería social. En realidad, no estamos asistiendo a ninguna democratización de las sociedades contemporáneas, ni a la extensión de los derechos y libertades, sino que el mundo avanza cada vez más hacia la magnificación del poder del Estado y la instrumentalización del ser humano, paradójicamente, en el momento de mayor globalización de las sociedades, cuando el individuo debería constituirse en la razón de ser de toda institución o comunidad política. Es irrisorio hablar de Estado de Derecho o de Estado Social de Derecho, y más aún, de democracia liberal, si el primer objetivo de los gobiernos es ejercer progresivamente el control de nuestras vidas y de las de quienes apenas han sido concebidos, y levantar sospechas sobre los ciudadanos que manifiestan su discordancia ante tal agresión. En este "siglo de los jueces", por lo visto, no habrá cabida para ejercer sin temores la libertad de pensamiento. *Politólogo, Universidad Pontificia Bolivariana http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/de_objetores_a_sospechosos/de_objetores_a_sospechosos.asp

La dictadura de la Corte

La dictadura de la Corte

El reciente fallo que dio a conocer la Corte Constitucional pretende obligar al sector educativo a la promoción del supuesto "derecho al aborto", lo que una lectora, colaboradora habitual, considera "una prueba más de la extralimitación de su competencia".


Beatriz Eugenia Campillo Vélez - Publicado el 23 de octubre de 2009


Se ha dicho, no sin reservas, que la democracia colombiana es una de las más sólidas, porque efectivamente no hemos vivido dictaduras fuertes. No obstante, la democracia de un país no puede ser evaluada exclusivamente desde las acciones del Ejecutivo, sino desde la totalidad del Estado, esto implica analizar tanto los poderes públicos y órganos de control, como también el poder de decisión que la ciudadanía tiene mediante el uso de mecanismos de participación ciudadana, y el grado de representatividad logrado por los diferentes partidos políticos.

Vista así, resulta lamentable el estado actual de nuestra democracia, que más que estable deberíamos calificar de pasiva. Es increíble que estemos viviendo bajo la dictadura de nueve magistrados de la Corte Constitucional y que el país siga tan tranquilo, pues valga aclarar, no son elegidos directamente por el pueblo a diferencia del Ejecutivo y del Legislativo.

No es lógico que un proyecto de ley estatutaria en el Congreso tenga un proceso tan largo y dispendioso por tratarse de Derechos Fundamentales, y que a su vez, una sentencia sobre la misma materia sea proferida simplemente por la discusión entre nueve magistrados (cuando es en pleno), o de tres (cuando es por salas). Tampoco resulta lógico que frente al proyecto que se tramita en el Congreso, donde se tiene mayor discusión y representación de la sociedad, existan recursos para declarar derogada la ley o inexequible, mientras que ante un fallo de la Corte reine la "cosa juzgada", sin existir posibilidad de discusión. Claro, a menos que la misma Corte decida lo contrario, como en la sentencia del aborto, donde a la C-355 se quiere respetar como "cosa juzgada", cuando este fallo violó la sentencia del 94 que ya tenía dicha categoría. Así las cosas, en términos políticos es bastante dudosa la legitimidad de las sentencias de la Corte cuando éstas versan sobre asuntos en los cuales debería ser la sociedad la que decida, en un espacio de diálogo para escuchar posiciones a favor y en contra, como en toda sana democracia.

El reciente fallo que se dio a conocer de la Corte Constitucional (T-388/2009), que pretende obligar al sector educativo a la promoción del supuesto "derecho al aborto", es una prueba más de la extralimitación de su competencia, entre otras, porque siendo una sentencia de tutela (se supondría inter partes) no tendría por qué dar órdenes a otros entes del Estado que ni siquiera estaban involucrados en el caso revisado. ¿Dónde está la Corte que velaba por la Constitución, que no legislaba porque no era su competencia? ¿Dónde está el respeto por las instituciones, por la libertad de cátedra, por la libertad de conciencia? ¿Dónde está la idea liberal, según la cual, la vida es el derecho más importante de cada individuo? ¿Por qué se defienden los delitos en detrimento de los verdaderos derechos?

A propósito de la sentencia, tal vez sea conveniente recordar un caso digno de imitar que puede consultarse en internet. Blanca María Ponce, de 16 años, fue la primera estudiante española que presentó una objeción de conciencia contra la asignatura "educación para la ciudadanía" impuesta por el gobierno, según sus palabras: "Objeto porque quiero y porque puedo. Considero que a mí no me come el coco nadie, ni mucho menos el Estado. Creo que hay cosas que uno debe aprender en casa y no en el colegio". Por su parte doña Margarita, su madre, dijo en entrevista al semanario Alfa y Omega "A mis hijos los educo yo", y agrega "El Estado pretende que los niños tengan una sola idea, una sola forma de pensar, cuadricularles la mente y quitarles la libertad. Quiere crear un patrón único por el que todos los niños piensen igual y crean lo mismo, para mal. Esta es una intromisión en toda regla, y además un abuso de poder. Esto es un abuso, un atropello".

Por cierto, causa asombro el afán desmedido por cumplir la sentencia del aborto, por promover los "derechos sexuales y reproductivos". Ojalá la justicia fuera así de eficaz en otros campos, incluso en salud, porque para nadie son desconocidas las grandes fallas del sistema. Qué curioso que para matar a alguien (para el caso al no nacido) los procesos administrativos sí se vean como un obstáculo, y que cuando es para salvar vidas no se siga el mismo razonamiento.


http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_dictadura_de_la_corte/la_dictadura_de_la_corte.asp

NOTICIERO RCN - Suspendido Decreto 4444

VER VIDEO

 

http://www.youtube.com/watch?v=oS0u5ZsCGmI

¿Una Corte sana?

¿Una Corte sana?

Hay que seguir gritando por quienes no pueden gritar, los bebés no nacidos, y seguir una resistencia pacífica hasta que la Corte Constitucional no se extralimite, defienda los deberes y la vida, y respete la conciencia de quienes la defienden. Si no lo hace, no merecerá respeto alguno y menos, el título de honorable. Ni será una Corte sana.

EL COLOMBIANO  -  Medellín  |  Publicado el 22 de octubre de 2009

Honorable significa "digno de ser honrado y acatado". A la Corte Constitucional se le ha denominado honorable, pero algunas de sus sentencias hacen que creamos que tan alta Corte no merece ser llamada honorable porque hay fallos que no merecen ser ni honrados ni acatados. Hemos criticado que la Corte se extralimite en sus funciones y en vez de quedarse en su deber de emitir conceptos sobre la constitucionalidad o no de una ley, resuelva legislar sobre todo lo divino y lo humano. Pero hoy nos referimos a la sentencia según la cual ni los jueces ni los médicos pueden invocar el sagrado derecho a la objeción de conciencia cuando se trata de hacer IVEs en los tres casos en que dicha Corte conceptúa que la mujer puede buscar que se le practique un aborto: malformación del feto, peligro de su salud física y mental o embarazo como consecuencia de una violación. Pero la Corte va más allá: autoriza a que niñas de 14 años o menos puedan ir a exigir que les saquen el bebé en gestación, que se los maten, sin que medie una orden judicial. En su fallo, la Corte, la que tiene como misión salvaguardar la Constitución Nacional, ignora el Artículo 18 de dicha Constitución que dice: "Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia". Pero además ignora el primero de todos los derechos: el derecho a la vida. Y lo hace con los seres humanos más indefensos que no pidieron ser concebidos, pero sienten. Que no pidieron llegar a este mundo, pero están en él. Que se amparan en el seno materno y tienen el derecho a percibir su protección. Que tienen un corazón que late, que se excitan y mueven, que se angustian y lloran, que sueñan y se sonríen. Pero que no pueden gritar ni defenderse cuando los quieren sacar a la fuerza para evitar que sigan viviendo y nazcan. Quiere también la Corte que los colegios les enseñen a los niños sus derechos sexuales y reproductivos y que el Ministerio de Protección Social promueva campañas sobre los mismos. ¿Y dónde quedan los deberes? ¿Y dónde, la ética de los mínimos? Sólo falta que nos exijan a los medios publicar las campañas que les dicen a las niñas y mujeres adultas cómo abortar. Si pretenden eliminar la objeción de conciencia para los jueces y los médicos, también podrán pretender eliminarla para los maestros y los medios de comunicación social, tanto estatales como privados. Pero no podrán ir contra la ética de cada persona, así produzcan otro fallo para aplicarle la máxima sanción, la privación de su libertad. Es preferible ir a la cárcel con la conciencia en paz, que obrar en contra de ella y los mínimos principios éticos que la rigen. Ojalá las objeciones del Procurador General, Alejandro Ordóñez, sean tenidas en cuenta. Lo mismo que las del ex miembro de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández. Hay que seguir gritando por quienes no pueden gritar, los bebés no nacidos, y seguir una resistencia pacífica, pero constante, hasta que la Corte entienda cuál es su función, no se extralimite, decida defender los deberes y la vida, y respete la conciencia de quienes los defienden. Si no lo hace, no merecerá respeto alguno y menos, el título de honorable. Ni será una Corte sana.

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/una_corte_sana/una_corte_sana.asp?CodSeccion=9

La sociedad colombiana rechaza de plano la sentencia proaborto del Constitucional

Cordial Saludo

Les comparto un artículo publicado por nuestros amigos de Hazte Oír (España).

 

Saludos,

Beatriz Campillo

La sociedad colombiana rechaza de plano la sentencia proaborto del Constitucional

 

El Procurador de la Nación pedirá anular el fallo, abanderado por el lobby proabortista estadounidense, que ordena divulgar campañas sobre el "derecho al aborto" en las escuelas, que se niegan a cumplir la medida impuesta.

REDACCIÓN HO.- El procurador General de la Nación colombiana, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitará a la Corte Constitucional anular la tutela que ordena impartir en las escuelas información sobre el "derecho" que tienen las mujeres de abortar en tres casos concretos: violación, malformación del feto y riesgo de muerte materna. La misma Corte lo estableció así en mayo de 2006.

La Corte Constitucional dio este nuevo paso radical para fomentar el aborto después de que en mayo de 2006, dominada por una mayoría liberal, decidiera derogar por cinco votos contra tres los artículos 121, 122 y 123 del Código Penal, que establecían una prisión entre uno y seis años para casos de aborto. De esta forma, dejaba de ser delito en Colombia el matar al niño en el vientre de la madre en los casos de violación, malformación del feto y cuando se estimara "riesgo" para la vida de la madre o del niño.  La decisión suponía una victoria para el poderoso lobby proabortista estadounidense, representado por la abogada Mónica Roa, directora de programas de la organización Women's Link Worldwic.

Tras el nuevo fallo de la Corte Constitucional emitido ayer, que afecta a los menores que se educan en Colombia, numerosos colectivos sociales, y especialmente la comunidad educativa afectada, ha reaccionado alarmada rechazando de plano la sentencia. Respondiendo a esta alarma social, Ordóñez Maldonado ha afirmado en este sentido que elevará ante el Tribunal un incidente de nulidad contra la sentencia T388 de 2009, en la que se ordena a los ministerios de Protección Social y de Educación promover campañas masivas relacionadas con "los derechos sexuales y reproductivos, en especial relacionadas con el tema del aborto como derecho".

Entre las reacciones cívicas que se han pronunciado contra el fallo, destacan la de los educadores de los centros religiosos: "Los educadores católicos no vamos a enseñar eso",  ha asegurado monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal. "Vamos a enseñar el respeto a la vida". Y fue tajante: "No nos puede obligar a ello".

La orden obliga a hacer ajustes en la educación sexual, y serán los ministerios de Educación y Protección Social los que determinen a partir de qué grado se impartirá la información. En un país además de amplia mayoría católica, el Estado, dicen algunos entendidos, está entre la espada y la pared. Así lo planteó en una entrevista el ministro de Protección Social.

De nuevo el lobby porabortista estadounidense abandera la radical medida

Mónica Roa vuelve a ser de nuevo la abanderada de esta causa, que trata de imponer la ideología abortista, ahora encima atentando directamente contra la libertad de educación y  atentando contra el derecho de los padres, como primeros educadores, a decidir sobre los valores en los que desean que sean educados sus hijos.

"No vamos a cambiar la realidad de un país, la mentalidad de un día para otro", reconoció  Roa al diario El País en declaraciones recogidas por ACIPRENSA, reconociendo así la pura intención de adoctrinamiento ideológico que esconde esta imposición. "El cambio cultural es más duro que la lucha legal", añadía.

Al margen de los padres y negación de la objeción de conciencia

En este sentido, Roa ve en la sentencia de la Corte una herramienta valiosa para propiciar el cambio cultural. La obligación de impartir esta información en las aulas supone sólo un 10% de las órdenes y presiones contempladas en la sentencia. Entre otras, estipula que las jóvenes a partir de 14 años pueden abortar sin tener el consentimiento previo de los padres. La información que recibirán los alumnos deja claro que no se puede apelar a la objeción de conciencia institucional para esquivar la obligación de practicar un aborto. Los jueces tampoco pueden negar las tutelas con el argumento de que el aborto va en contra de sus creencias.

"La sentencia es una guía de cómo se debe prestar el servicio", resume Roa con total frialdad. "Después de este fallo ya no hay más excusas para acudir a prácticas ilegales o a argumentos de desconocimiento de la norma".

Los proabortistas se están topando con el gran rechazo cívico y sanitario a la victoria abortista que lograron en la Corte Constitucional en 2006. Hospitales y médicos se niegan a perpetrar abortos.

 

http://www.hazteoir.org/node/24806