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Trasciende el primer caso de aborto de una menor con desconocimiento de sus padres

lunes, 26 de julio de 2010

Trasciende el primer caso de aborto de una menor con desconocimiento de sus padres

Tras la entrada en vigor de la nueva ley, la patronal abortista de a conocer el caso de la menor, que alegó "conflicto familiar", un trabajador social lo corroboró y el negocio decidió el aborto.

REDACCIÓN HO /  LA RAZÓN.-  Ya es una realidad. Las menores españolas abortan sin la autorización de sus padres si alegan un "conflicto grave en el seno familiar»",  el coladero que se ha venido a sumar a los hasta ahora presentes con la nueva ley del aborto. Una adolescente de 17 años acaba de abortar en una clínica de Barcelona sin que sus progenitores tuvieran ningún conocimiento de ello. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Santiago Barambio, a La Razón. De momento, es el primer caso conocido de aborto de una menor sin autorización ni conocimiento paterno del que dice tener constancia  la patronal abortista, que agrupa 30 centros, aunque podría no ser el único.

La joven acudió la semana pasada a la clínica y explicó que no quería que sus tutores supieran que iba a abortar, ya que "existía conflicto". Entonces, desde el centro, donde era la primera vez que se enfrentaban a esta situación, los médicos pidieron un informe a un trabajador social del barrio de la afectada, "que no tenía nada que ver la clínica".

Un informe decisivo

De acuerdo con Barambio, este profesional "se extrañó, pues para él es una novedad y todavía tiene que aprender a elaborar este tipo de informes". De hecho, estos trabajadores no se habían visto antes en la tesitura de tener que redactar informes en los que se basarán los médicos para autorizar o no el aborto de chicas que aún no hayan cumplido los 18 años. A los pocos días, el asistente social entregó a la clínica el informe complementario requerido, según el cual se señalaba que existía "situación familiar conflictiva", por lo que la clínica decidió que la menor podía abortar sin permiso.

Según uno de los decretos que desarrolla la nueva Ley del Aborto, que hoy cumple 15 días desde su entrada en vigor, son los médicos los que tienen que decidir si la situación familiar de la menor supone realmente "un conflicto grave". Para tomar esta decisión pueden solicitar informes a otros profesionales, como psicólogos o trabajadores sociales, aunque, en todo caso, la responsabilidad de la determinación será siempre del médico.

En opinión de Barambio, los futuros casos en los que una adolescente quiera abortar sin que sus padres tengan conocimiento "serán situaciones en las que el conflicto grave estará fundamentado", por lo que se resolverán de manera similar a éste, en el que se ha perpetrado el aborto a la menor. Aún así, el presidente de ACAI señala que los abortos cometidos a  menores a espaldas de sus tutores legales "se darán en pocos casos, cuando haya verdaderos problemas de  desarraigo familiar", pues lo normal, a su juicio, es que los padres no se opongan a la intervención y las niñas no aleguen conflictos.

Pero esta opinión no es la más extendida. Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, está convencido de que  la nueva normativa aumentará el número de abortos entre menores, y que éstas eludirán pedir permiso, ya que "al no tener que enterarse los padres, las más jóvenes verán el aborto como un método anticonceptivo más, como algo irrelevante sin consecuencias físicas ni psíquicas".

Los médicos rechazan las listas autonómicas de objetores

Los médicos rechazan las listas autonómicas de objetores

Al menos seis colegios médicos han creado registros para que los profesionales que quieran objetar al aborto se inscriban en ellos

V. P. MADRID 21/07/2010 08:00 Actualizado: 21/07/2010 09:21
 

La Organización Médica Colegial (OMC) rechaza que las autonomías creen registros de profesionales objetores a la Ley del Aborto. "La comunidad lo que tiene que hacer es preocuparse de qué profesionales tiene para cumplir con cada servicio, pero eso no tiene que ver nada ni con listados ni con registros", aseguró ayer el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, informa Efe.

Hasta el momento, sólo Castilla-La Mancha ha creado un registro de profesionales objetores. Cantabria también prepara un sistema similar. Por su parte, al menos seis colegios médicos (provinciales) han creado registros para que los profesionales que quieran objetar al aborto se inscriban en ellos.

Rodríguez Sendín reclamó que se regule la objeción de conciencia. Según defendió, los médicos y los enfermeros tienen necesidad de tener "claro" cómo y cuándo pueden ejercer su derecho.

El derecho a la objeción de conciencia al aborto está reconocido explícitamente en la nueva ley, que establece que deben ser los "profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo". Además, este derecho ya estaba garantizado con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No obstante, el Gobierno no ha desarrollado la norma, como establece la ley en su preámbulo.

http://www.publico.es/espana/328844/medicos/rechazan/listas/autonomicas/objetores

La OMC también reclama que se regule la objeción de conciencia a la hora de tratar a pacientes terminales. Si bien la Ley de Autonomía del Paciente y el registro de voluntades previas garantizan que el paciente siempre puede anular el esfuerzo terapéutico, en algunos casos, la barrera entre la muerte digna y la obligación del médico a luchar por preservar la vida es difusa.

La sanidad pública gastará más de 50 millones anuales en practicar abortos

España

La sanidad pública gastará más de 50 millones anuales en practicar abortos

Las comunidades, al borde de la bancarrota, no saben cómo cubrir esta nueva prestación sanitaria

Día 26/07/2010
El capricho de Bibiana Aído de imponer el aborto libre y gratuito va a suponer un importante varapalo para las arcas del estado, en plena crisis económica, con la sanidad pública al borde de la ruina y con más de cuatro millones de parados. La reforma Aído va a obligar al Sistema Nacional de Salud a desviar para el aborto más de 50 millones de euros anuales no presupuestados. Luego, de gratis nada porque esa cantidad, en definitiva, saldrá de los bolsillos de los contribuyentes, incluidos aquellos —más de la mitad— que son contrarios al aborto.
La nueva ley, pese a carecer de demanda social hasta el punto de que ni siquiera el PSOE la había incluido en su programa electoral, ayudará a propinar la puntilla a una sanidad pública que acumula en estos momentos un déficit superior a los a los diez mil millones de euros. La conversión del aborto en un derecho superior al de la vida del no nacido y la obligatoriedad de incluirlo entre las prestaciones de la Sanidad Pública va a suponer para las comunidades autónomas un gasto imprevisto y desorbitado. Circunstancia que ya ha provocado las quejas de varias de ellas.
María Kutz, consejera de Salud del Gobierno de Navarra, recuerda que «desde el año 2005 al 2008 (último dato publicado) el número de abortos se ha incrementado en un 20,8%, alcanzando la cifra de 115.812, mientras que los practicados en la Sanidad Pública han disminuido del 2,91% en 2005 al 1,94% en 2008».
«De la misma forma —prosigue— se observa que cada vez son más las comunidades en las que no se practican abortos en la Sanidad Pública, indistintamente de su color político. Es el caso de Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Navarra. Es llamativo asimismo, que en una comunidad de la extensión de Andalucía, solo haya un centro público que realice abortos. Con todos estos datos nadie puede negar, se mire como se mire, que en la Sanidad Pública española hay un sentir objetor respecto a la interrupción voluntaria del embarazo».
Un manifiesto sentir objetor que ha provocado, con el consentimiento de los diferentes gobiernos, la aparición y desarrollo de un lobby abortista formado por 43 empresarios que ha manejado hasta ahora con toda la impunidad del mundo, como se descubrió a raíz del caso Morín, un negocio altamente lucrativo.
Expertos del Instituto de Política Familiar vaticinan que tanto en 2010 como en 2011 se cerraran los balances del número de abortos en torno a los 116.000. Teniendo en cuenta que antes de las 14 semanas de gestación las comunidades consideran que el coste de una de estas operaciones se situará entre los 300 y los 450 euros, estaríamos hablando de un desembolso de entre 35 y 52 millones de euros anuales a cuenta de las arcas autonómicas. Sin embargo, todo apunta a que el coste será bastante mayor porque en las clínicas privadas, que seguirán acumulando el mayor peso del negocio, el precio medio es de 500 euros, por lo que el gasto a cubrir por las comunidades se elevaría por encima de los 60 millones.
El negocio de las clínicas
La primera conclusión a la que se llega es que el negocio seguirá siendo redondo para las clínicas. No hay que olvidar que en 2008 el 88% de los abortos se llevaron a cabo en las 12 primeras semanas de gestación. Por lo tanto el modelo de ingresos de los «abortorios» se mantendrá intacto.
La única diferencia es que ahora el gran cliente, casi el único, de las clínicas abortistas será el estado. Hasta ahora la sanidad pública solo cubría los gastos de un aborto cuando se atenía a los supuestos previstos: violación, malformación fetal o peligro para la salud física o psíquica de la madre. Había que ir a un centro público y demostrar una de las tres cosas. Sin embargo, como la inmensa mayoría de los abortos se practicaban a través del coladero del indemostrable daño psíquico materno gracias a informes escasamente rigurosos y en muchos casos falsos, emitidos por las propias clínicas, el que al final pagaba era el cliente privado.
No es de extrañar que la nueva situación haya encendido las alarmas en las distintas consejerías. En varias ocasiones ya han transmitido a Trinidad Jiménez el problema que les va a suponer financiar este nuevo gasto. Incluso, según ha sabido ABC, en la última Interterritorial la cuestión volvió a quedar sin respuesta. Y hablamos de que una Comunidad como Madrid calcula destinar entre siete y nueve millones de euros para aplicar la ley. Cantidad similar que se precisará en Cataluña, Andalucía o Valencia. O que en Castilla-La Mancha, o Canarias necesitarían dos o tres cada una.
Sin embargo, Trinidad Jiménez, echa balones fuera y asegura que el impacto económico de la ley sólo se evaluará a dos años vista, es decir en 2012 por lo que las autonomías deberán apechugar por su cuenta con este desembolso extraordinario, surgido de la presión del feminismo más radical y de los intereses económicos del lobby abortista.
 

Fraga: "La Ley del aborto es una grosería, España se ha vuelto muy super moderna"

Fraga: "La Ley del aborto es una grosería, España se ha vuelto muy super moderna"

  • El ex presidente de la Xunta asegura que "la sociedad española se ha vuelto muy súper moderna en el sentido malo de la palabra".
  • Fraga afirma no ser partidario de derogar la ley.
20MINUTOS.ES / AGENCIAS. 26.07.2010

La nueva ley del aborto es "una grosería jurídica, política y moral insoportable". Así lo ha considerado este lunes el presidente de honor del PP y ex titular de la Xunta, Manuel Fraga, durante una intervención en la tribuna Nueva Economía Fórum en Santiago, en respuesta a una pregunta sobre la norma que entró en vigor el pasado 5 de julio.

El aborto de la señora Aído, no es posible conjugarlo con nada que sea respeto a la vida" "Por desgracia, la sociedad española se ha vuelto muy super moderna en el sentido malo de la palabra y ha avanzado en direcciones que no debería", ha indicado Fraga. Según el senador del PP, "el aborto de la señora Aído, no es posible conjugarlo con nada que sea respeto a la vida", ha destacado sobre la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y que su partido ha recurrido.

Sin embargo, Fraga ha dicho que no es partidario de derogar esta ley, así como tampoco la del matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien ha abogado por realizar un estudio de cada una de ellas "para que no se pueda abusar de las mismas"

http://www.20minutos.es/noticia/775037/0/fraga/ley/aborto/

El arzobispo de Toledo dice que la Ley es un "error" y "siempre" va a contar con la oposición de la Iglesia

El arzobispo de Toledo dice que la Ley es un "error" y "siempre" va a contar con la oposición de la Iglesia

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, ha señalado este miércoles que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como la nueva Ley del Aborto, es "un error" y ha añadido que esta "injusta" norma va a contar "siempre con la oposición de la Iglesia".
 
 
EUROPA PRESS. 21.07.2010

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, ha señalado este miércoles que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como la nueva Ley del Aborto, es "un error" y ha añadido que esta "injusta" norma va a contar "siempre con la oposición de la Iglesia".

A preguntas de los medios de comunicación tras la firma de un convenio de colaboración entre el Arzobispado y la Diputación de Toledo, Rodríguez ha señalado que desde la Iglesia no van a decir "que esta ley es justa".

Además, el arzobispo de Toledo ha recalcado que le parece "bien" que los ginecólogos de Castilla-La Mancha hagan objeción de conciencia ante la Ley del Aborto, al tiempo que ha destacado que "es muy importante" que se garantice esa objeción para aquellos profesionales "que no están de acuerdo" con la norma y no quieren participar en un aborto.

Del mismo modo, Rodríguez Plaza ha destacado la importancia de "tener una manera de afrontar el tema que está demandando verdaderamente una apuesta por la vida para atender a los problemas".

Finalmente, ha indicado que "cuando sucede un embarazo hay que ver en qué situación está esa mujer de cara a las posibilidades de que reciba esa vida", porque es una "lucha bastante difícil que parece que no entiende la ley".

http://www.20minutos.es/noticia/770833/0/

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Medellín, Antioquia, Colombia
Magister en Filosofía y Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diplomada en Seguridad y Defensa Nacional convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Docente Investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Directora del Grupo de Investigación Diké (Doctrina Social de la Iglesia). Miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética (GIEB). Miembro del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del Centro colombiano de Bioética (CECOLBE). Miembro de Redintercol. Ha sido asesora de campañas políticas, realizadora de programas radiales, así como autora de diversos artículos académicos y de opinión en las áreas de las Ciencias Políticas, la Bioética y el Bioderecho.

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