Art. 180 de la Carta: "Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia".
El Art. 190 dice que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión.
El Art. 680 afirma "Ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa".
El Art. 20 indica que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias…
Como la palabra aborto es muy desagradable, se acuñó el eufemismo de "interrupción voluntaria del embarazo", que es exactamente lo mismo. Al feto se le interrumpe la vida, a pesar de que ese ser estaba llamado, al igual que usted, amigo lector, que yo, o que los señores magistrados, a disfrutar de la existencia.
Negarle el derecho a la vida, pretendiendo que aún no es persona, equivale a aceptar que la ley o los tribunales pueden negar esa condición a determinados seres humanos.
No eran mas infames las leyes nazis que permitieron la interrupción de la vida de millones de judíos, que las que ahora permiten interrumpir la de millones de seres que deben reemplazarnos en la incesante sucesión de las generaciones.
Entiendo (sin compartirla) la posibilidad de despenalizar el aborto. Otros actos inmorales como la embriaguez habitual, el adulterio o el consumo de estupefacientes ya están despenalizados.
Pero despenalizar es algo muy diferente a lo que la reciente sentencia de la Corte Constitucional acaba de hacer. Cuando ese organismo ordena interrumpir una determinada vida humana (la que late en el vientre de la sra.***), se ha pasado de la despenalización a la interrupción deliberada de determinada vida humana, cuando ninguna autoridad en Colombia puede ordenar interrumpir vidas.
Tampoco se puede obligar a una persona a actuar contra su conciencia, interrumpiendo vidas. Eso, ni mas ni menos, es lo que esa Corte Constitucional hace cuando ordena que los hospitales, centros de salud y el personal médico y asistencial, actúen contra su conciencia, practicando abortos. Y aun más, cuando rechaza la objeción de conciencia de los médicos, paramédicos y jueces que se nieguen a ello.
Y, como si todas esas órdenes inicuas no bastasen, la Corte ordena a los tribunales de ética médica que "investiguen" a los médicos que en ejercicio de su derecho constitucional se nieguen a practicar abortos.
¿Dónde queda la libre práctica de la religión si al médico se lo obliga a violar en materia grave su credo?
Además, esa Corte ordena al gobierno enseñar a todos los alumnos (y especialmente a las niñas menores de 14 años) que existe un "derecho al aborto".
No conozco ley colombiana que establezca ese derecho. Es más, el código penal vigente sigue considerando el aborto como delito salvo en los casos permitidos por la Corte Constitucional. Ni puede haber ley que proclame ese derecho, a menos que eliminemos de la Carta la protección de la vida.
La Corte puede reconocer un derecho, pero no puede crearlo. Además, es éticamente imposible convertir un hecho intrínsecamente perverso en un derecho; y recomendarlo además a los niños y niñas.
Finalmente, la totalidad de los padres (católicos, evangélicos y agnósticos) enseñan a sus hijos a respetar la vida.
Una cartilla escolar que enseñe a matar es algo monstruoso. Equivale a decir que se puede impartir, de manera obligatoria, enseñanza anti-religiosa, en un país donde no se puede obligar a nadie a recibir educación religiosa.
Esta dictadura judicial, congruente con un régimen totalitario como el de Cuba, repugna al sistema democrático, amenazado también desde otros órganos del Estado.
Esa misma semana acertó el Consejo de Estado con la suspensión del decreto 4444 de 2006, dictado alegremente por el mismo gobierno abortista que inmediatamente se apresuró a desconocer la sentencia del máximo tribunal administrativo.
Ante un fallo inicuo - El Mundo (José Alvear Sanin)
miércoles, 28 de octubre de 2009
IMPORTANTE / Jugar a dioses - Salud Hernández-Mora
lunes, 26 de octubre de 2009
Jugar a dioses
Será todo un ejercicio de malabarismo educativo. Los profesores tendrán que explicar a sus alumnos las razones por las cuales los niños con síndrome de Down, que son sus compañeros de salón, no fueron abortados a tiempo. Por un lado, el Ministerio pretende integrarlos a la sociedad, pero, como la Corte Constitucional acaba de ordenar dar clases de aborto en los tres supuestos que marca la ley, estarán obligados a enseñarles que las niñas que queden embarazadas podrán aniquilar los fetos que tengan esa malformación. ¿Por qué?, podrán preguntar los pequeños. Pues porque ahora queremos gente que nazca sin discapacidad, les contestarán.
Algún niño quizá insista y quiera conocer qué pasará con los que adquieran alguna terrible enfermedad en el camino, tipo Stephen Hawkins. ¿Tienen aún el derecho de deshacerse de ellos o ya lo perdieron porque no abortaron cuando podían? Claro que si luego te sale un genio como el citado físico, no importa tanto darlos a luz, pensarán unos niños. ¿Qué hacer, entonces?
La mente de los escolares podrá continuar argumentando que como aún no conocemos a nadie con parálisis cerebral que haya atesorado la admiración universal de Hawkins, ellos sí son material desechable. Es decir, a partir de las estupendas clases sobre el derecho a interrumpir el embarazo en caso de malformación del feto, los niños con serias limitaciones físicas o psíquicas adquirirán una categoría especial en los salones: abortos fallidos.
Es una desgracia que el Procurador se haya metido en la pelea, porque polarizará un debate de interés social que nada tiene que ver ni con la reelección, ni con la guerra que libra Ordóñez con las altas Cortes y menos aún con que si es ultraconservador.
Enseñar aborto en los colegios es una cuestión que afecta a las familias y al modelo de sociedad que queremos. Que un puñado de magistrados se hayan erigido en legisladores y en gobierno, pasándose por la faja el mínimo consenso que debe existir en normas polémicas que afectan principios fundamentales, supone un abuso de autoridad.
Para los colegios que no estén de acuerdo será legítimo desobedecer la orden y si son católicos, con más razón. Nadie los puede obligar a impartir clases contrarias a sus creencias. La Corte Constitucional cruzó las fronteras judiciales, porque les pidieron resolver el caso de una mujer madura, que no pudo abortar al apelar jueces y médicos a la objeción de conciencia, y acabaron ordenando una campaña masiva que fomentará el aborto y enviará mensajes equívocos a los menores de edad.
Con su sentencia, además, los magistrados violan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos. Si escogen un colegio religioso, buscan una formación integral que abarque cuestiones morales. Y entre ellas no entra, desde luego, el derecho al aborto como una materia más. En caso de abordar esa cuestión, esos centros lo hacen desde un punto de vista que va en contravía de la orden judicial, porque en su lenguaje no mencionan la palabra derecho, sino atentado contra la vida. Pero, incluso, muchos papás que los mandan a centros laicos, seguro que no les parecerá edificante que les muestren a sus retoños que abortar es una posibilidad más de planificación.
Porque no hay que llamarse a engaño. En un país donde el embarazo de adolescentes es un problema de enormes magnitudes, que responde más a una cultura machista que a falta de condones, difundir el derecho al aborto, así sea con todos los matices del caso, terminará siendo recibido como un método extremo de control. También les quedará el concepto de que el ser que nacerá no es humano sino un despojo, a veces imperfecto, y, por ende, susceptible de ser eliminado. Y que los actos irresponsables no tienen consecuencias. O que es legítimo jugar a dioses. Serán los rectores y los profesores, pues, los que ahora apelarán a la objeción de conciencia.
Salud Hernández-Mora
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/saludhernndezmora/jugar-a-dioses_6434650-1
De objetores a sospechosos - El Colombiano (Juan David García)
sábado, 24 de octubre de 2009
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La dictadura de la Corte
viernes, 23 de octubre de 2009
La dictadura de la Corte
El reciente fallo que dio a conocer la Corte Constitucional pretende obligar al sector educativo a la promoción del supuesto "derecho al aborto", lo que una lectora, colaboradora habitual, considera "una prueba más de la extralimitación de su competencia".
Beatriz Eugenia Campillo Vélez - Publicado el 23 de octubre de 2009
Se ha dicho, no sin reservas, que la democracia colombiana es una de las más sólidas, porque efectivamente no hemos vivido dictaduras fuertes. No obstante, la democracia de un país no puede ser evaluada exclusivamente desde las acciones del Ejecutivo, sino desde la totalidad del Estado, esto implica analizar tanto los poderes públicos y órganos de control, como también el poder de decisión que la ciudadanía tiene mediante el uso de mecanismos de participación ciudadana, y el grado de representatividad logrado por los diferentes partidos políticos.
Vista así, resulta lamentable el estado actual de nuestra democracia, que más que estable deberíamos calificar de pasiva. Es increíble que estemos viviendo bajo la dictadura de nueve magistrados de la Corte Constitucional y que el país siga tan tranquilo, pues valga aclarar, no son elegidos directamente por el pueblo a diferencia del Ejecutivo y del Legislativo.
No es lógico que un proyecto de ley estatutaria en el Congreso tenga un proceso tan largo y dispendioso por tratarse de Derechos Fundamentales, y que a su vez, una sentencia sobre la misma materia sea proferida simplemente por la discusión entre nueve magistrados (cuando es en pleno), o de tres (cuando es por salas). Tampoco resulta lógico que frente al proyecto que se tramita en el Congreso, donde se tiene mayor discusión y representación de la sociedad, existan recursos para declarar derogada la ley o inexequible, mientras que ante un fallo de la Corte reine la "cosa juzgada", sin existir posibilidad de discusión. Claro, a menos que la misma Corte decida lo contrario, como en la sentencia del aborto, donde a la C-355 se quiere respetar como "cosa juzgada", cuando este fallo violó la sentencia del 94 que ya tenía dicha categoría. Así las cosas, en términos políticos es bastante dudosa la legitimidad de las sentencias de la Corte cuando éstas versan sobre asuntos en los cuales debería ser la sociedad la que decida, en un espacio de diálogo para escuchar posiciones a favor y en contra, como en toda sana democracia.
El reciente fallo que se dio a conocer de la Corte Constitucional (T-388/2009), que pretende obligar al sector educativo a la promoción del supuesto "derecho al aborto", es una prueba más de la extralimitación de su competencia, entre otras, porque siendo una sentencia de tutela (se supondría inter partes) no tendría por qué dar órdenes a otros entes del Estado que ni siquiera estaban involucrados en el caso revisado. ¿Dónde está la Corte que velaba por la Constitución, que no legislaba porque no era su competencia? ¿Dónde está el respeto por las instituciones, por la libertad de cátedra, por la libertad de conciencia? ¿Dónde está la idea liberal, según la cual, la vida es el derecho más importante de cada individuo? ¿Por qué se defienden los delitos en detrimento de los verdaderos derechos?
A propósito de la sentencia, tal vez sea conveniente recordar un caso digno de imitar que puede consultarse en internet. Blanca María Ponce, de 16 años, fue la primera estudiante española que presentó una objeción de conciencia contra la asignatura "educación para la ciudadanía" impuesta por el gobierno, según sus palabras: "Objeto porque quiero y porque puedo. Considero que a mí no me come el coco nadie, ni mucho menos el Estado. Creo que hay cosas que uno debe aprender en casa y no en el colegio". Por su parte doña Margarita, su madre, dijo en entrevista al semanario Alfa y Omega "A mis hijos los educo yo", y agrega "El Estado pretende que los niños tengan una sola idea, una sola forma de pensar, cuadricularles la mente y quitarles la libertad. Quiere crear un patrón único por el que todos los niños piensen igual y crean lo mismo, para mal. Esta es una intromisión en toda regla, y además un abuso de poder. Esto es un abuso, un atropello".
Por cierto, causa asombro el afán desmedido por cumplir la sentencia del aborto, por promover los "derechos sexuales y reproductivos". Ojalá la justicia fuera así de eficaz en otros campos, incluso en salud, porque para nadie son desconocidas las grandes fallas del sistema. Qué curioso que para matar a alguien (para el caso al no nacido) los procesos administrativos sí se vean como un obstáculo, y que cuando es para salvar vidas no se siga el mismo razonamiento.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_dictadura_de_la_corte/la_dictadura_de_la_corte.asp
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